INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife (PAH), no está dispuesta a conformarse con la buena voluntad del grupo de Gobierno y mediante una moción de Ciudadanos de Santa Cruz, representado por su portavoz, Guillermo Guigou, consiguió ayer que el Ayuntamiento presione a Bankia para que cumpla el acuerdo verbal sobre los tres desahucios promovidos por la entidad bancaria en Santa Cruz de Tenerife.
El pleno acordó conceder a Bankia el plazo de diez días para el cumplimiento del acuerdo. Si no fuera así, el mismo será revisado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para proceder a las correspondientes medidas legales. Además, la entidad será declarada persona jurídica non grata, que no es otra cosa que la reprobación por parte de la Corporación de una actitud de desagrado. La moción se aprobó con los votos de CC y PSOE, IU-PTfe-Verdes y Sí se puede. El Partido Popular se abstuvo alegando el desconocimiento del acuerdo.
La moción original incluía “aconsejar a la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife que, o bien retire sus cuentas de Bankia, o bien, no abra cuentas o contrate cualquier tipo de producto en dicha entidad (que incluye Bancaja, Caja Madrid, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). Esta petición fue rechazada por el gobierno local.
A principios del pasado mes de noviembre el alcalde presidió una reunión en la que se encontraban los representantes de Bankia en Tenerife, algunos concejales de la Corporación y miembros de la PAH, en la que se acordó por un lado, poner a disposición de Carmen Omaña -en esos momentos en huelga de hambre tras su desahucio- una vivienda a cambio de un alquiler social que ayudaría a pagar el Ayuntamiento. Por otro lado, acceder a un contrato social y la dación en pago para el caso de otra afectada, Inmaculada Estupiñán; y para el caso de Alejandro -el tercer y último caso-, una dación en pago. Bankia ha cumplido solo en parte estos acuerdos, según se afirmó en el pleno, ya que la dación en pago, que sería el cambio de la casa por la deuda económica, “hace referencia a la regulación y situación legal de la posibilidad de saldar la deuda hipotecaria con un banco mediante la entrega de la vivienda hipotecada en España”, según explicó la portavoz de la PAH, Inmaculada Évora. En el caso de Inmaculada Estupiñán, “Bankia ha intentado engañarnos a todos, ya que la dación en pago debe ser global, por el total de la deuda y lo que pretende la entidad es rehipotecar la vivienda y hacerle una quita del montante final de la deuda para calcular una cuota menor”, lo que no resuelve la situación de la afectada, según Évora.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, se pronunció también al respecto de este asunto, sobre el que insistió en que “no me alegro de haber retirado los fondos de Bankia y tampoco me alegro de tener que tomar este acuerdo. Solo me alegraré si se consiguen los objetivos. Desde el principio, estoy al lado de las personas que están siendo tratadas injustamente por una falta de respuestas por parte de la entidad”.