NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
El pasado mes de noviembre el alcalde firmó un decreto mediante el cual ponía al servicio del Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz (IMAS) todo el personal disponible para aligerar la carga de esta institución que se ha visto sobrepasada por la multitud de solicitudes de ayuda. Solo en 2012 se ha atendido a 26.000 usuarios, de los que 4.000 acuden a los servicios sociales por primera vez. Esta carga burocrática es la que hace que en 2012, diariamente, la concejal responsable de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, siga firmando la concesión de ayudas que fueron pedidas hace cuatro o cinco años. “Cuando entró mi compañero José Manuel Arocha, había como unas 4.000 solicitudes pendientes y todavía hoy, yo estoy sacando 1.000 de esas peticiones hechas inicialmente en 2008 o 2009”, explica la edil.
Según detalla Álvarez, están “intentando sacar todo lo anterior lo más rápido posible, pero son peticiones que tenemos que evaluar de nuevo porque hay que verificar que las condiciones sean las mismas”. Esto supone que las trabajadoras sociales han de volver a hacer un trabajo ya hecho, además de sacar adelante el de las nuevas peticiones que, como reconoce la edil, llevan un retraso que oscila entre uno y cuatro meses, dependiendo de la ayuda solicitada.
REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA
Álvarez justifica el retraso en el hecho de que “las ayudas de mayor cuantía, como puede ser la del alquiler, necesitan de fiscalización previa y todo ese proceso administrativo ralentiza la concesión de las ayudas”. La concejal responsable del IMAS confía en que el tiempo de espera se pueda reducir a la mitad: “Lo próximo que vamos a aprobar es reducir a la mitad todo el sistema administrativo porque creemos que hay fórmulas para pasar muchas de las prestaciones, como la de alimentos, a fiscalización a posteriori, es decir, quitar trabas administrativas antes y que el control se haga después”.
La concejal recuerda que el IMAS se creó en el 2008 para una demanda estimada de unos 9.000 usuarios, “estamos ahora mismo con 26.000 atenciones, lo que ha supuesto duplicar los esfuerzos sin duplicar la estructura y como tampoco podemos contratar nuevo personal porque hay un decreto del Gobierno central que nos lo impide, tenemos que flexibilizar dentro del propio IMAS, haciendo que el personal asuma más competencias”.
Como no puede ser de otra forma, las demandas que más han aumentando son las que tienen que ver con las prestaciones básicas, “las que más crecen son las de agua y luz y también la de alimentación”. Según señala la edil de Asuntos Sociales, “estas prestaciones de menor cuantía aumentan mucho porque son las primeras que se dejan de pagar cuando hay problemas económicos. Este año solo de agua ya llevamos unas 2.600”. La cuantía de estas ayudas oscila entre los 20 y los 90 euros, mientras que la del alquiler es la más cuantiosa de cuantas concede el IMAS, alcanzando los 1.800 euros.
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INFANTERIA
El Consistorio se ha puesto a disposición del IMAS para que este pueda hacer su trabajo y para ello “hemos pedido personal administrativo y también algún técnico de Administración General para que nos agilice todos los trámites”, señala Álvarez, quien explica que “al final es lo más difícil de sacar porque las trabajadoras sociales no pueden agilizar su trabajo, que es el de intervenir y eso requiere tiempo”. Añade la edil que “son personas que se sientan a hablar con los usuarios, los visitan y valoran y eso no lo podemos reducir”. “Hemos pedido una infantería de administrativos que alivien la carga burocrática para que las trabajadoras sociales se dediquen a su verdadero trabajo que es intervenir”, concluye la edil.
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