NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Hicieron falta más de cuatro horas de debate para que el primer teniente de alcalde en primer lugar y el alcalde después, dejaran entrever que la apertura de un expediente sancionador a la concesionaria del servicio de aguas de Santa Cruz, Sacyr Vallehermoso, máxima accionista de Emmasa, tiene como fin último la búsqueda de pruebas que sustenten ante un tribunal la posible resolución del contrato o en todo caso la imposición de una multa. El alcalde, José Manuel Bermúdez, en la última intervención del pleno, respondió a las numerosas acusaciones vertidas por la oposición sobre los presuntos incumplimientos del pliego de condiciones cometidos por Sacyr: “Es fácil acusar pero lo difícil es probar y eso es lo que estamos haciendo, intentando, con rigor y seriedad, llegar a conclusiones que se puedan probar porque de lo contrario, las consecuencias para la ciudad pueden ser muy graves”. Consecuencias que el equipo de gobierno cifró entre 100 y 150 millones en caso de que se Sacyr reclamara daños y perjuicios por la suspensión del contrato y un juez les diera la razón.

Minutos antes el primer teniente de alcalde, José Ángel Martín (PSOE), después de numerosas interpelaciones para que se pronunciara en el debate sobre si su partido seguía o no defendiendo que la privatización de Emmasa fue un error, el también edil de Urbanismo, intervino para reconocer que “lo que ha ocurrido en Emmasa hasta ahora ha sido catastrófico y por eso lo denunciamos durante tantos años”.

Martín añadió que “lo que este equipo de gobierno está haciendo es investigar porque si nos precipitamos en nuestras conclusiones el negocio le puede salir redondo a Sacyr en los tribunales”. El primer teniente de alcalde pidió a los grupos que “nos dejen investigar y esperar a lo que digan los informes técnicos”, llegando a asegurarle a José Manuel Corrales (IU-XTF) que “nos descarto que el PSOE le acompañe cuando presente su denuncia en la Fiscalía, pero nos tendrá que convencer”.

Dámaso Arteaga, concejal de Obras y Servicios Públicos y edil delegado en Emmasa, fue el encargado de defender la gestión que el Ayuntamiento está haciendo tanto de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por Sacyr como del esfuerzo para llegar a un acuerdo con la empresa para que invierta los 45 millones comprometidos con la ciudad, dinero que aseguró Arteaga, “es voluntad de este equipo de gobierno que en el primer trimestre del año se llegue a un acuerdo ya que la empresa ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento tras una primera respuesta no del toda satisfactoria”. Una inversión que la oposición se encargó de recordarle una y otra vez que, depende de tantos condicionantes, que parece casi irrealizable.

ACUSACIONES

Uno detrás de otro, los partidos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento capitalino, enumeraron durante el pleno extraordinario celebrado ayer sobre la gestión del agua, un sinfín de presuntas irregularidades. Pero fue el propio Arteaga, el primer en reconocer tácitamente, al menos en lo que a la subrogación de contratos se refiere que “la entidad está celebrando contratos con terceros sin la autorización expresa o en su caso sin que haya aportado documento alguno que lo acredite, no bastando con una autorización general del concejal delegado”. La constatación de este hecho, prohibido por el pliego de condiciones, es lo que ha llevado al Ayuntamiento a la apertura de un expediente sancionador.

AUDITORÍA

Si hay algo en lo que coincidió la oposición al completo fue en la exigencia de que se realizara una auditoría externa a Emmasa, para conocer si los números presentados por la empresa se ajustan a la realidad. José Ángel Martín reconoció estar dispuesto a solicitarla siempre que fuera realizada por el Ayuntamiento. Finalmente el equipo de gobierno acepto introducir en su moción la realización de un examen sobre la gestión de Emmasa siempre que sea realizado por los servicios públicos de la corporación y dentro las competencias que tengan dichos servicios.

Esta propuesta, compuesta por tres puntos, fue la única que se aprobó puesto que el equipo de gobierno rechazó todas y cada una de las mociones de la oposición entre las que estaba la suspensión de la entrada en vigor de la subida del agua (PP), la devolución del servicio de aguas a manos públicas al 100% (Sí se puede e IU-XTF) o la ejecución de la sentencia que anula la privatización del agua (Ciudadanos por Santa Cruz). Se aprobó el reconocimiento del informe jurídico sobre la sentencia, cumplir y hacer cumplir el marco contractual a Sacyr y promover la suscripción de un convenio en el primer trimestre de 2013 para el plan de inversiones propuesto.

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Batería de “incumplimientos” del pliego de condiciones

Partido Popular. El concejal Carlos Garcinuño se encargó de sacar a relucir muchas de las presuntas irregularidades, tantas que hasta el propio Arteaga reconoció su labor de investigación. García señaló la subcontratación sin autorización previa, la obligación de Emmasa de contratar un seguro de responsabilidad civil por valor de tres millones y no por 300.000 euros como dice el PP que ha hecho o que empleados de Santacrucera de Aguas trabajen dentro de las instalaciones de la desaladora de Santa Cruz. El PP defendió la suspensión de la subida del agua y cuestionó las inversiones hechas por Emmasa, asegurando que “con unas mermas de tres millones de metros cúbicos que tienen un coste de siete millones de euros para los vecinos, dudo que se hayan hecho las inversiones prometidas”.

IU-XTF. José Manuel Corrales recordó insistentemente las implicaciones del que fuera primer teniente de alcalde, Julio Pérez, ha podido tener en la gestión de Emmasa, así como otras cuestiones como que en el consejo de administración de Emmasa se sientan imputados por casos de corrupción o que se cobran servicios que no se prestan”.

Sí se puede. Pedro Fernández Arcila tuvo el tono más conciliador del debate, intentando acercar posturas con el equipo de gobierno. Arcila recordó a Arteaga que “el simple hecho de no entregar la documentación solicitada ya es causa para resolver el contrato pero si eso no fuera suficiente tiene la subcontratación con empresas de Sacyr de servicios objeto del contrato como son la desalación, el alcantarillado, imbornales, todo reconocido en el balance de situación de Emmasa del año 2011”.

Ciudadanos por Santa Cruz. Guillermo Guigou insistió a lo largo del pleno en que la única solución para el problema planteado es la celebración de una nueva sesión plenaria para discutir la privatización, “tal y como reconoce la sentencia que entendemos aún no se ha cumplido”.

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