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Victimismo – Leopoldo Fernández

Salvo el PP y Ciudadanos, los partidos con implantación en Cataluña se han echado al monte y rechazan la reforma educativa que propone el ministro Wert. La consideran “una ofensiva contra el catalán” y anuncian que no la aplicarán “pase lo que pase”. Y no por su bondad o maldad, que debería ser determinante visto el fracaso escolar que arrastra España, sino porque en el texto de la ley se dice cómo queda la inmersión lingüística tras las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, dictadas a lo largo de 35 años y ninguneadas por el pasotismo de los gobiernos socialista y popular. ¿Qué dislate, qué locura propone Wert para suscitar reacción tan visceral? Que catalán y castellano sean lenguas vehiculares de forma conjunta y equitativa en el sistema educativo. ¿Y qué pretenden los partidarios de este nuevo nacionalismo lingüístico exacerbado y excluyente? Que el catalán sea en exclusiva la lengua vehicular de aprendizaje, a pesar de que supondría vulnerar la Constitución, según la cual -artículo 3.1- “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. No se trata de “un ataque en profundidad a la lengua y la cultura catalanas”, sino de que el castellano pueda ser usado con normalidad en Cataluña. Por eso, si no existiera oferta docente pública o concertada en esa lengua vehicular en la localidad de residencia de los alumnos, los padres podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar los gastos pertinentes. ¿Puede considerarse normal que en una parte del territorio nacional no se pueda estudiar en la lengua oficial del Estado? Aparte la inoportunidad de que el ministro plantee la reforma en momentos en que aún no se han apaciguado las tensiones con Cataluña, se trata de que el castellano no se vea arrinconado o excluido, ya que su uso en la enseñanza solo puede lograrse por conducto judicial y de manera individualizada. En la propuesta de Wert ni siquiera se habla, lo que podría entenderse como lógico, de preeminencia de la lengua estatal, sino de que el castellano tenga la misma consideración que el catalán, en una proporción similar entre las dos lenguas oficiales. Y para garantizar a los padres que puedan elegir libremente el idioma vehicular que quieren para sus hijos.