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Los cabildos rechazan la tendencia “centralista” del Gobierno canario

   

Comisión General de Cabildos

Seis de los siete presidentes de Cabildo (en primer término) asisten al debate en comisión del proyecto de Ley de Modernización Turística. / ACFI PRESS

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los presidentes de las corporaciones insulares no dejaron pasar ayer la oportunidad que les brindó el Parlamento para reclamar una redefinición competencial de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la Comisión General de Cabildos, seis de los siete mandatarios (el de Fuerteventura, Mario Cabrera, excusó su ausencia por una indisposición) rechazaron lo que, de una u otra manera, calificaron de “tendencia centralista” del Gobierno autonómico.

En esta ocasión, la percha era el proyecto de ley de Renovación y Modernización Turística. El turno lo abrió el grancanario José Miguel Bravo de Laguna (PP). Lo hizo en un tono sereno pero contundente. “Es una ley intervencionista, por la que el Gobierno de Canarias asume un poder exagerado”. El Cabildo de Gran Canaria se opone, argumentó, porque “vulnera los principios liberalizadores”. De ahí que sugiriera la supresión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el órgano de deliberación, consulta y decisión de la Comunidad Autónoma en este ámbito. “En Baleares no existe ese gran hermano que todo lo vigila”, remachó. Bravo apeló al “liberalismo inteligente, que ordena pero no impone”.

El representante de Tenerife, Ricardo Melchior (CC), refrendó mayoritariamente la opinión expresada por su predecesor en el turno de palabra. “Se cortocircuitan las competencias de los cabildos en la planificación”, aseveró. “La ley debería recoger el interés insular”, insistió.

El herreño Alpidio Armas (el PSOE) coincidió en que las funciones de los cabildos no están definidas en el proyecto y reivindicó una mayor implicación. A título particular, arguyó que la “modulación del crecimiento” no vale para su isla. “Nuestras pretensiones son otras”, explicó. “El turismo de El Hierro es incipiente y lo que queremos es aprovechar su potencialidad”. A propósito de las demandas en torno a las comunicaciones marítimas y aéreas, Armas proclamó que el transporte es “la madre del cordero” del turismo.

En su estreno como presidente rotatorio de la Federación Canaria de Islas (Fecai), el gomero Casimiro Curbelo (PSOE) afeó la “reiterada y grave tentación intervencionista” del Ejecutivo canario. A su juicio, esa circunstancia “pone en riesgo el equilibrio territorial”. Curbelo invitó a reflexionar sobre el traspaso de competencias a los cabildos “sin contenido económico”.

Por Lanzarote, Pedro San Ginés (CC) manifestó que el proyecto no ataca los principios liberalizadores ni es intervencionista. No obstante, se sumó al coro de los que exigen una mayor participación de las corporaciones locales e insulares en el marco de una conciliación entre los planeamientos insulares y los planes de modernización. “La invasión competencial es la parte nuclear de la discrepancia”, resumió San Ginés.

En nombre de La Palma, Guadalupe González (CC) reconoció que esta es una ley “útil y necesaria”. Tras valorar que la legislación haya distinguido entre dos modelos, expresó su criterio de que ha llegado el momento de replantearse esta situación para que el “esfuerzo de la renovación” alcance a todas las islas.

El consejero Domingo Berriel aclaró que los cabildos “no tienen competencias en materia urbanística, sino territorial”.

 

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Evaluación

El artículo 8 del proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística establece que es competencia del Gobierno de Canarias la “aprobación definitiva y evaluación periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, previo informe de la Cotmac”. La evaluación periódica, que se realizará al final del primer año de la finalización del plazo de ejecución previsto, determinará el grado de cumplimiento de las determinaciones de planeamiento y de las actuaciones aprobadas, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de modernización, mejora e incremento de la competitividad que motivaron su formulación.

La autorización previa a la licencia turística no será exigible en de El Hierro, La Gomera y La Palma. Este requerimiento estará sujeto a la implantación de nueva oferta en el resto, de conformidad con las directrices.

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