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Canarias y País Vasco, las únicas comunidades que no rechazan la declaración de soberanía de Cataluña

   

EFE | Madrid

La mayoría de las comunidades autónomas se ha mostrado hoy muy crítica con la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán para iniciar un proceso de autodeterminación, a excepción de los Gobiernos del País Vasco y Canarias, que se han limitado a expresar su respeto institucional.

Grave error, disparate descomunal, absoluta tomadura de pelo, proyecto inadmisible, revancha personal de Artur Mas, camino sin salida y ataque a España son algunas de las expresiones utilizadas por los jefes de Gobierno autonómicos al ser preguntados hoy por dicha iniciativa.

El pleno del Parlament sacó adelante con 85 votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, -el 63 % de los diputados catalanes- una declaración que define a Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” y acuerda iniciar un proceso para hacer efectivo el “derecho a decidir” o derecho de autodeterminación a través de una consulta.

Preguntado por esta decisión, el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha dicho hoy que en un demócrata “sólo cabe” el “respeto” a la voluntad “mayoritaria” expresada en la Cámara catalana, al igual que se ha exigido en decisiones adoptadas en el Parlamento Vasco en “éste u otro orden de cosas”.

También se ha limitado a expresar su posición de “respeto institucional” a lo que se apruebe en otros territorios en el ámbito de sus parlamentos el Ejecutivo canario en boca de su portavoz, Martín Marrero, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa.

Y también el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado su “absoluto respeto a quienes toman decisiones en sintonía con su conciencia”, pero ha afirmado que la declaración es “una absoluta tomadura de pelo” a catalanes y españoles.

En opinión del Gobierno andaluz, el giro dado en Cataluña propone “una aventura hacia ninguna parte” y nace de una “premisa inadecuada”. “Nadie dice que no a la democracia, pero sí al escamoteo político”, han dicho a Efe fuentes del Gobierno andaluz, que han recalcado que una parte del país “no puede decidir en solitario lo que afecta al conjunto de los españoles”.

Desde la Comunidad Valenciana, el presidente Alberto Fabra ha calificado de “error” y de “cortina de humo” los planes independentistas de Cataluña, a la vez que ha hecho un llamamiento a aquellas empresas a las que la “falta de estabilidad política en Cataluña” les genera “dudas” e “incertidumbres” para que se instalen en su región.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, ha vinculado lo que considera falta de solvencia de la Generalitat con la iniciativa de declaración de soberanía y ha indicado que el Gobierno catalán busca un “enemigo exterior” ante su “incapacidad para pagar las facturas”.

Para el Gobierno de Navarra, la declaración soberanista es “inadmisible”, según su vicepresidente y portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que no ha dudado de que el Estado intervendrá si se traduce en una consulta.

La Comunidad de Madrid ha considerado la iniciativa como un “lamentable desafío a la Constitución” cuyo efecto jurídico no supone más que un “brindis al sol”, según su consejero de Presidencia, Salvador Victoria, que ha advertido de las “consecuencias políticas” que puede acarrear.

El líder del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, se ha preguntado si Artur Mas está dispuesto a devolver los 35.178 millones de euros que el Estado ha invertido en Cataluña en los últimos trece años y que sitúa a esta comunidad como la que más inversión ha recibido, el 14,6 por ciento del total, sólo por detrás de Andalucía.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recomendado al Gobierno catalán que se preocupe más por el control de su déficit en lugar de “andar enrocado en debates secesionistas”.

Como “un camino sin salida” ha definido, en declaraciones a Efe el presidente riojano, Pedro Sanz, la decisión del Parlament, al que ha recordado que ese tipo de procesos están en contra de la Constitución, “no contribuyen a solucionar la crisis económica y pueden despertar desconfianza”.

Para el presidente melillense, Juan José Imbroda, se trata de una “revancha personal” y un “disparate descomunal” de Artur Mas, que “ha perdido la olla”, además de “un ataque a España en su conjunto” y “una huida hacia adelante que no conduce a nada” porque el Estado “dará debida respuesta con la Ley en la mano.

Los Ejecutivos de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria Baleares y la ciudad autónoma de Ceuta han sido los únicos que han optado por no pronunciarse públicamente sobre la declaración del Parlament. EFE