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Cosas de la navegación – Por Mario Santana

   

Donde hay dinero hay beneficio. Pero es cosa distinta cuando el dinero se mueve en el seno de la Administración pública. Siempre deberían resultar beneficiados los ciudadanos. Al fin y al cabo se trata de dinero de todos, y se trata de negocios que a todos deben beneficiar. Pero hay dudas. Al parecer siempre ganan los mismos, que deben ser muy listos y estudiados. Desde luego, listos. Aunque algunos no tanto a la vista de las burdas estrategias de ocultación. Cabe preguntarse cómo es posible pagar 182.000 euros por una parcela de terreno que la arquitecta municipal había valorado en unos 39.000 euros. Y esto aquí mismito. Si nos vamos más lejos al parecer se han pagado cantidades de seis dígitos por informes de un folio que además nadie entiende. Y entre los dígitos no van comas, sino un punto. Habrá usted observado que todo el tejemaneje se produce porque una Administración pública contrata un bien o un servicio por un precio disparatado.

Es obligado por tanto traer a colación la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Dice su artículo 87 que “(…) los órganos de contratación cuidarán que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”. Pero si es que estaba ahí la solución. El precio deberá ser “el general de mercado”. Vamos a poner las cosas claras. Toda contratación con la Administración pública debe hacerse con base a la referida ley, que, para más señas, describe y regula hasta la exasperación todo el procedimiento para contratar. Ciertamente se trata de una ley engorrosa y compleja, resultando especialmente aconsejable asesorarse por profesionales, máxime cuando el particular se enfrenta al monstruo administrativo y se juega los cuartos. Pero no hay que inventar ahora el agua caliente: ya está inventada. Luego viene la actuación de los interventores de la Administración. Se trata de técnicos altamente cualificados cuya función, en última instancia, es precisamente defendernos a todos los ciudadanos frente a los desmanes políticos. Y por último vienen los políticos de la oposición, cuya función no es poner como un zapato al adversario por sistema, sino precisamente controlar la actuación de los detentadores del poder. Si cada palo aguanta su vela, el país de las maravillas de Alicia existe. Pero cada palo tiene que aguantar su vela.