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El Gobierno de Canarias se agarra al Constitucional

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias le ha cogido el tranquillo al Tribunal Constitucional (TC), que últimamente se prodiga en atender favorablemente recursos del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra decisiones adoptadas por las comunidades autónomas. Esta misma semana, el TC ha paralizado el cobro del euro por receta, la tasa turística y el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito en Cataluña. También, la Ley de Transparencia Hipotecaria de la Comunidad de Madrid.

Después de que en octubre admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado de 2012, el alto tribunal ha hecho lo propio con la queja de Canarias en relación a los recortes acometidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a los incentivos para las instalaciones dedicadas a la producción de energía mediante cogeneración, renovables y residuos. “Existe base jurídica suficiente como para que prospere el recurso”, reaccionó ayer la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo (PSOE).

En una entrevista con este periódico, Luego argumentó que el efecto del decreto ley promovido por José Manuel Soria es el contrario al que se persigue: reducir el déficit tarifario. La protesta se fundamenta en un informe del Consejo Consultivo de Canarias que apela a las particularidades del sector eléctrico en las Islas.

El pasado jueves, el Gobierno acordó interponer otros tres recursos de inconstitucionalidad por “vulneración de las competencias” de la Comunidad Autónoma. Se trata de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del real decreto ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Público de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones, y el real decreto ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo.

En el primero de ellos, el Gabinete de Paulino Rivero invoca el “respeto a la autonomía financiera garantizado por el artículo 135 de la Constitución”.

Hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno emplazó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a anular el decreto que regula las instalaciones de generación eléctrica en el mar. Era un “paso previo obligado” para plantear un nuevo conflicto sobre las competencias en los espacios marítimos; en esta ocasión, relacionado con las solicitudes de permiso de instalaciones de generación eléctrica en el “mar territorial”.

Una vez más, se resalta la “singularidad de Canarias, que la separa de los territorios autonómicos peninsulares, en los que encuentra explicación la autorización cuando el aprovechamiento de las instalaciones afecte a otra Comunidad”.

Donde ya existe un precedente contrario a los intereses del Gobierno de la nación y positivo para el canario es en el gravamen a la banca. En 2012, el Tribunal Constitucional avaló el impuesto que la Junta de Extremadura implantó en 2001. Curiosamente, el PP se opuso entonces a la medida impulsada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE). Ahora, José Antonio Monago (sostenido por IU) espera recaudar 240 millones de euros.