VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno canario ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de Estabilidad Presupuestaria, la norma que fija el déficit permitido y su reparto entre Estado y comunidades autónomas.
Además, el Ejecutivo ha anunciado -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno- que también llevará a los tribunales los decretos sobre las prestaciones sanitarias y el gasto en educación.
La Administración ha adelgazado su organigrama un 25% desde 2010.