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Lasso: “Los cabildos deben dar los servicios, no las mancomunidades”

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Pedro Lasso

Pedro Lasso, estudioso de las administraciones públicas canarias. | DA

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar en los próximos meses la Ley de Bases de Régimen Local para eliminar más de 1.000 mancomunidades de municipios en España, once de ellas en Canarias, recortar el número de concejales en los ayuntamientos, y poner topes al sueldo de los alcaldes, entre las medidas más llamativas.

Ante este debate, uno de los mayores expertos en el municipalismo canario, Pedro Lasso, sostiene que, en Canarias, esta restructuración debe reforzar a los cabildos, eliminando -por operatividad y ahorro- las oficinas y cargos de los gobiernos canario y central en las islas donde no tienen su sede oficial, así como garantizar que las corporaciones insulares presten a los municipios los servicios que, por su tamaño poblacional, no están obligados a asumir.

De hecho, Lasso (que ha sido asesor de la Federación Canaria de Municipios, autor de estudios sobre la Administración Local y redactor de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal) advierte de que, con la actual Ley de Régimen Local en la mano, las mancomunidades de municipios no tendrían por qué existir, ya que éstos “tienen derecho a que los cabildos les presten esos servicios que, en función de su número de habitantes, no tienen por qué asumir” esos ayuntamientos.

En Canarias existen 11 mancomunidades de municipios, unas más activas que otras: en Tenerife, la del Nordeste, la del Sureste, la de la Isla Baja y la del Norte; y, en Gran Canaria, las del Sureste, la del Norte y la de Medianías. En todos estos casos los consistorios se unen para prestar servicios en común, como recogida de residuos, desarrollo local y empleo.

Pero Lasso cree que todos estos organismos comarcales no tendrían razón de ser si se cumpliera la actual ley: “Los dineros de los cabildos”, enfatiza, “están para prestar esos servicios públicos, y no para hacer grandes obras, como por ejemplo un auditorio o un recinto ferial”. A título de ejemplo, expone que, si Vilaflor, por su población, no está obligado a disponer de servicios contra incendios, se lo debe prestar el gobierno insular, y, en el caso de los residuos, sólo debería pagar por la recogida, pero no por su tratamiento. Llegado a este punto, advierte de que no sería legal mancomunar policías locales, “pues la autoridad de un alcalde no es mancomunable, ni su representación ejecutiva, que son los agentes municipales”.

Lasso (licenciado en Derecho, con una larga trayectoria como interventor en organismos públicos) recuerda además que los propios cabildos forman mancomunidades provinciales, unos órganos que “se vaciaron de contenido y sólo se reúnen una vez cada cuatro años para constituirse”. No hay que olvidar, observa, que los cabildos “tienen una doble personalidad jurídica: son la representación ordinaria del Gobierno canario en la isla y además tienen las mismas competencias que las diputaciones provinciales de la Península”.

Eso sí, con una diferencia “sustancial”: mientras los miembros de estas son elegidos por los alcaldes y concejales de cada provincia, las corporaciones insulares canarias las eligen de forma directa los ciudadanos, lo que les da un plus de representatividad.

[apunte]“Suprimir ayuntamientos y ediles no es la solución”

La posibilidad de reducir el número de ayuntamientos la ha puesto sobre la mesa el Gobierno central, para ahorrar costes. Sin embargo, Pedro Lasso opina que, “con esa medida, si es que alguien se atreve a tomarla, no se resuelve nada, pues se ahorraría en concejales, una cantidad que no sería significativa, pues los servicios públicos tendrían que seguir prestándose y los funcionarios, por tanto, se quedarían donde están actualmente”.

En todo caso, este experto en el municipalismo mantiene que “para suprimir ayuntamientos, que son los órganos de gobierno de los municipios, habría que eliminar estos, mediante ley del Parlamento canario”. “Pero a ver quién se atreve a hacerlo”, reiteró, de forma expresiva. En cuanto a otro de los organismos públicos que están en el punto de mira, las diputaciones provinciales (en la Península), afirma que eliminarlas requeriría cambiar la Constitución Española, que las reconoce como órganos de gobierno de cada provincia. De hecho, apostilla, eso explica la existencia, aún, de las dos mancomunidades provinciales de cabildos, “pese a que se las haya vaciado de contenido”.

“La organización administrativa de España no se puede cambiar así porque sí”, asevera, “ pues tiene su razón de ser; fue pensada por los mejores administrativistas, no eran unos lerdos ni unos mindunguis, sino catedráticos de prestigio, los llamados padres de la Constitución de 1978, como Herrero de Miñón, Gregorio Peces barba, Gabriel Cisneros o Manuel Fraga” .[/apunte]

[apunte]Municipalista
Pedro Lasso ha estudiado concienzudamente la Administración Pública, que es donde ha trabajado siempre, como funcionario. Es licenciado en Derecho. Ejerció como interventor del Ayuntamiento de Adeje (8 años) y luego en cinco consejerías del Gobierno canario. Actualmente trabaja como administrador financiero y tributario de la Comunidad Autónoma. Asesora a la Fecam, y da clases como profesor invitado en el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP) y en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ocupó el cargo de inspector general de Servicios. Es autor de proyectos de ley como el de estatuto de municipio turístico o el de reforma electoral de Canarias, y redactó la Ley de Fondo Canario de Financiación Local. Dirigió además la serie de televisión Señas de Identidad. Y ha publicado libros sobre el municipalismo y el Consejo Consultivo.[/apunte]