Rebelión en el Consistorio

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El próximo lunes habrá Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Santa Cruz y al final de esta, equipo de gobierno y oposición se reunirán con la Plataforma de Afectados por Hipoteca de Tenerife (PAHT) para redactar la declaración de entidad non grata para Bankia y analizar, si ya estuviera listo, el informe jurídico municipal sobre la posibilidad real de llevar al banco ante los tribunales. Este es el compromiso por escrito que la PAHT llevó ayer de la Comisión de Control municipal, tras anunciar que se negaba a abandonar el Ayuntamiento si antes no obtenía por escrito esta declaración. Pero en el plante la PAHT no estuvo sola. También las trabajadoras de la cooperativa Mararía se sumaron a su protesta, en este caso exigiendo más información y soluciones tras seis meses en los que aún no han cobrado el último mes trabajado y con la promesa de un nuevo concurso de asistencia a domicilio en el que se las incluiría.

El incumplimiento de Bankia se trató en el segundo punto del orden del día a petición de IU-XTF, comenzando su comparecencia el edil de Hacienda, Alberto Bernabé, afirmando que la relación con Bankia “se ha cortocircuitado” puesto que en la última semana no ha habido ningún tipo de comunicación. Según Bernabé, el último contacto y no de forma directa, tuvo lugar el viernes a través de una reunión entre Alejandro Remiro y la entidad para negociar, una vez más, su dación en pago.

OFERTA A TREINTA AÑOS

Remiro explicó a DIARIO DE AVISOS que la última oferta que le hizo la entidad es el pago de 23.000 euros, a razón de 100 euros mensuales, durante 30 años y con la hipoteca de la casa de su madre: “Eso es lo que ellos entienden por una dación en pago”, afirmó el joven quien añadió que es una oferta inasumible, “la prestación por desempleo se me acaba en marzo y hasta entonces podría asumir lo de los 100 euros al mes pero después no lo se y entonces se podrían quedar con la casa de mi madre”. Al respecto, Bankia ha informado al Ayuntamiento, mediante una carta, que sí que ha cumplido con los compromisos adquiridos, “de forma rigurosa, estricta y escrupulosa”, señalan, una misiva en la que además recuerdan al Ayuntamiento que Remiro no es vecino de Santa Cruz, por lo que “no le sería aplicable el protocolo” y que además las negociaciones se refieren a “personas concretas, y se realizan desde el más estricto de los respetos a las relaciones jurídicas sujetas al derecho privado”.

La Comisión de Control de ayer se convirtió en una de las más participativas de los últimos tiempos. / FRAN PALLERO

EN BUSCA DE VERDAD

Y mientras los miembros de la plataforma clamaban por el cumplimiento de los acuerdos, las que fueran trabajadoras de la asistencia a domicilio de Santa Cruz de Tenerife en la cooperativa Mararía, lo hacían por conocer toda la verdad sobre su situación, saber cuándo se les va a pagar el mes que se les adeuda y si finalmente se las va a subrogar o no en el nuevo concurso de asistencia a domicilio. La concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, reiteró lo dicho en otras ocasiones, que se les va a pagar pero “antes hay que cumplir con todos los trámites que nos exige la ley, entre ellos por ejemplo el trámite de audiencia a los otros implicados en la deuda: Seguridad Social y BBVA”.

SIN SUBROGACIÓN

Tras asegurar esto, la edil explicó que “nuestra voluntad política es que se pueda subrogar en el nuevo pliego de condiciones a las trabajadoras siempre y cuando la legislación nos lo permita”. Un concurso que no estará hasta junio, según las palabras de la edil. Las trabajadoras presentes en la comisión exigieron que se les dijera la verdad, “soy una profesional, me he preparado durante años para esto y mi empresa no es una fábrica de botellas que ya no las fabrica, mi puesto de trabajo sigue estando ahí afuera”, dijo una de las trabajadoras, que intervino con el beneplácito de la comisión.

Desde Sí se puede, Frías acusó al Ayuntamiento de engañar a las trabajadoras porque “una vez transcurridos seis meses desde la suspensión del servicio no se puede incluir la subrogación en el nuevo contrato porque es ilegal”. Frías añadió que “el propio primer teniente de alcalde -José Ángel Martín- garantizó por escrito esta contratación así que tendrá que buscar la manera de cumplir su palabra”. Álvarez por su parte aclaró a este medio que “es posible que no se pueda hacer la contratación del personal bajo esta fórmula pero estamos buscando la manera para que estas trabajadoras puedan hacer el servicio y eso es lo que estamos estudiando”. Tras la comisión, la concejal se reunió, junto con el alcalde, con una representación de las trabajadoras, comprometiéndose a reunirse con ellas cada 15 días para manternerlas informadas así como a proporcionarles una copia del nuevo concurso.

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El IMAS, colapsado por los trámites

Desde el PP se quiso llamar la atención sobre los incumplimientos del propio ayuntamiento en el tema de Bankia, al no haber pagado aún el alquiler social a Carmen Omaña. Explicaba el concejal Óscar García que “la petición de Carmen se encuentra a la cola de todas las solicitudes de alquiler social del Ayuntamiento y por eso aún no se ha tramitado”. Relacionaba García esta situación con la de las trabajadoras a domicilio al asegurar que “el IMAS está colapsado porque tiene que tramitar cada mes las 1.100 ayudas a domicilio concedidas en el municipio y que después del cierre de Mararía, se tramitan de forma individual cada mes”. Son 120 los trabajadores que están en el IMAS, “a todas luces insuficiente”, concluyó el concejal del Partido Popular.

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