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Reclaman más control en el decreto de los guachinches

   

JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Desde hace varios meses el Gobierno de Canarias, a petición de las asociaciones de empresarios y viticultores y los ayuntamientos afectados, elabora un borrador de decreto con el fin de regular la actividad de los guachinches. Aunque en los últimos años se ha intentado poner un control a este tipo de negocios -que tiene como principal objetivo vender el excedente de vino de las cosechas- la proliferación de establecimientos que no cumplen con las características propias de un guachinche ha puesto de manifiesto la necesidad de una normativa al respecto.

Por ello, el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife, los municipios de La Matanza, Santa Úrsula, La Victoria, La Orotava y Los Realejos, y los colectivos Asviten y Apymevo han impulsado un texto, que en estos momentos está en fase de alegaciones. Precisamente, los colectivos profesionales han entregado una propuesta conjunta al decreto original con el fin de incidir en el control de estos establecimientos. Al respecto, el presidente Apymevo, Fernando Plasencia, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que las alegaciones van enfocadas a mejorar los procedimientos de control sobre los guachinches. “No hay ninguna alegación que no sea asumible ni que dilate el procedimiento en el tiempo”, aseveró. Del mismo modo, aclaró que con estas peticiones pretenden que “los controles sean más claros, menos ambiguos, con el objetivo de adaptar la realidad a la legalidad”.

Se calcula que en el Norte pueden haber entre 400 y 600 establecimientos

El representante de los empresarios del Valle de La Orotava apuntó que durante estas navidades se ha apreciado un repunte de los guachinches y, aunque es complicado dar una cifra al respecto, señaló que podrían estar en torno a entre 400 y 600 los negocios de esta índole. Aún así, también reconoció que algunos de estos establecimientos se están legalizando para convertirse en bodegones. Entre las propuestas de cambios que recogen las alegaciones de Apymevo y Asviten se encuentra la sugerencia de que “para mayor seguridad jurídica sería mejor dejar previsto un listado de infracciones y sanciones ya que es evidente que no son de aplicación las de las actividades clasificadas. Consideramos que la no fijación de un listado de infracciones y sanciones genera inseguridad jurídica”.

En cuanto a la prórroga del tiempo de ejercicio proponen que “habría que incluir que dicha ampliación deberá realizarse previa comunicación al ayuntamiento ya que no deja previsto ninguna notificación”, y sugieren que “debe dejarse expresamente previsto en la norma la obligatoriedad tanto del titular de la actividad como de las personas que presten sus servicios la obligación de cotizar al Régimen que corresponda”.