El 90% de los afectados por la Ley de Costas, sin solución

Las últimas casas de Cho Vito, horas antes de la demolición. | FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El proyecto de nueva Ley de Costas aprobado el martes en el Congreso, y que ahora debe pasar también por el Senado, sólo gusta al PP, único partido que le ha dado el visto bueno en las Cortes. Ayer, ciudadanos afectados por la vigente normativa en esta materia y el Gobierno canario mostraron su disgusto por el rechazo a las enmiendas que podrían beneficiar a buena parte de los más de 100 núcleos de viviendas en Canarias que están en dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección. De hecho, según subrayó ayer el portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, “más del 90%” de estos caseríos costeros no podrán acogerse a la nueva solución que plantea la ley de ampliar las concesiones en 75 años, un criterio que, a su juicio, tampoco garantiza la integridad de todas esas viviendas.

En un comunicado, Marrero criticó que el PP, con su no a las enmiendas de CC, da la “espalda a miles de canarios, que ahora se arriesgan a perder su casa si no se corrige esta injusticia”, por lo que tachó la nueva norma de “arbitraria e injusta” al no recoger “las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que se permiten excepciones en otras comunidades autónomas”. Así, pidió explicaciones sobre por qué se exceptúan de la obligación del derribo construcciones en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares, y en cambio no en Canarias.

También se quejó de que el Ejecutivo canario no haya sido consultado por estatal sobre esta reforma legislativa, “a pesar de que las competencias de los usos en playas y zona de servidumbre del dominio público pertenecen a la Comunidad Autónoma”.

José Luis Langa abogado de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Canarias. | F.P.

En la misma línea se expresó ayer la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Canarias, por boca de su presidente, el abogado, José Luis Langa, quien, sin embargo, no pierde la esperanza de modificar el proyecto de ley durante el trámite que aún le queda en las Cortes. “El trato que se da a Canarias no es justo, mientras que se excluirán de aplicarles esta ley 10 núcleos en la Península y Formentera; pero esta es una carrera que acaba de empezar, pues el proyecto de ley aún tiene que pasar por el Senado, y hay miembros del PP que dicen que se puede reflexionar y corregir ciertos aspectos”, manifestó Langa. El objetivo de la Plataforma es una moratoria para las familias sobre las que pesan sentencias ya firmes para derribar sus casas, hasta poder realojarse, y un censo de núcleos afectados para que los ayuntamientos demuestren que tienen la consideración de urbanos desde antes de 1988. Langa calcula que hay 150.000 canarios afectados, a razón de “tres o cuatro” por familia.

La reforma de la ley se aprobó el martes en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con el único voto a favor del PP, la abstención de CIU y el no de PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural, PSOE y CC. porque, según la mayor parte de la oposición parlamentaria, se abre el litoral al negocio privado.

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LANGA GREE AÚN POSIBLE UNA SALIDA

El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas ve aún posible retocar la reforma legislativa y recorrerá en los próximos días Canarias en pos del respaldo de los ayuntamientos para elaborar un censo de afectados con el que demostrar que se trata de núcleos urbanos antes de 1988, pues tenían servicios y sus vecinos han pagado sus impuestos. “Cuando se promulgó la ley los alcaldes no se la leyeron bien y no hicieron su trabajo, y luego no han sabido justificar que eran núcleos urbanos consolidados, para aplicarles un deslinde de veinte metros y no de cien”.

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