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Los afectados por el recorte del 20% creen que Spínola vive en una realidad virtual

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) cree que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha construido una “realidad virtual” al decir que la reducción del 20% en el sueldo y horario de 3.300 trabajadores de la Comunidad Autónoma no va a afectar a la prestación de los servicios públicos. En opinión de este colectivo, la visión del consejero “no tiene nada que ver” con la situación “real” que se ha generado en los servicios públicos de Canarias tras la rebaja del 20%.

La Pepar considera de “suma gravedad” que el consejero responsable de los empleados públicos asegure “cínicamente” que este recorte no está afectando de manera “trascendental ni apreciable” a la prestación de los servicios públicos. “O bien miente o desconoce totalmente los problemas derivados de la aplicación de la medida”, apuntan.

La plataforma detalla que en la afección en la Consejería de Asuntos Sociales es el 80% en el departamento encargado de tramitar las solicitudes de la Ley de Dependencia y del 100% entre los técnicos que visitan a los usuarios y preparan los informes de valoración. La Pepar alerta de que se atenderá a 2.000 personas menos al año, y avisa de que habrá 1.000 valoraciones menos y 1.000 programas de atención individualizada menos.

La plataforma resalta que Canarias es ya la segunda Comunidad Autónoma por la cola en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Dependencia, y advierte de que estos recortes podrían situarla como la primera por debajo. “En su último informe, el Diputado del Común se mostró alarmado ante el número de quejas recibidas por excesivo retraso en la tramitación de solicitudes de ayuda”, recalca Pepar.

En declaraciones a la SER, la viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, puso de manifiesto que la rebaja salarial y de jornada del 20% es “coyuntural”, y añadió que el Ejecutivo “está dispuesto a reconsiderar esta decisión” cuando cese el actual escenario de recortes.

“Esta decisión ha sido la mejor solución y la menos mala para evitar los despidos”, argumentó.

Unos 1.000 trabajadores afectados han interpuesto denuncias individuales contra el Gobierno de Canarias por la aplicación de esta medida. Las primeras sentencias se dictarán este mes.