CC.OO. y UGT reciben 3,7 millones de 2010 a 2012 en ayudas directas

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los sindicatos están con el agua al cuello. Pero la botella está medio llena o medio vacía según el cristal con que se mire. El Gobierno de Canarias suprimió en 2010 las partidas de subvención a las centrales bajo un criterio de proporcionalidad. Pero, desde entonces y hasta finales de 2012, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) recibieron entre ambas 3.769.942 euros en concepto de ayudas directas por “razones de interés público, social, económico o humanitario” para actividades que son consustanciales a la acción sindical.

Concretamente, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio les destinó en 2010 la cantidad de 1.732.184 euros. El año siguiente eran 651.700 euros para CC.OO. y 228.283,06 para UGT. Las dos sumaron en 2012 más de 963.000 euros.

Esta situación “discriminatoria” ha motivado que Intersindical Canaria (IC) y la Unión Sindical Obrera (USO) se hayan movilizado para hacer saber al Ejecutivo regional su “preocupación y enorme descontento” por lo que califican de financiación “exclusiva y excluyente, sin atender a las exigencias legales del concurso público”.

Ya en 2005, Ignacio Rodríguez (IC) y José Ramón Rodríguez (USO) le escribieron una carta a la entonces consejera Marisa Zamora. Así, hasta la fecha. Lo último ha sido una misiva remitida al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. “El 30 de noviembre de 2012 registramos un escrito, del que no hemos obtenido ni un amable y protocolario acuse de recibo, en el que le hacíamos llegar nuestra opinión acerca del dinero público que habían recibido solo dos sindicatos”. Este es el encabezado de la carta firmada por José Ramón Rodríguez y entregada este mismo mes. El secretario general de USO-Canarias acompaña un dosier con las subvenciones aportadas a CC.OO. y UGT. También incluye una sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula unas ayudas al amparo de la doctrina del Supremo. “Son inobjetables dos premisas teóricas de las que parte el recurso” de Intersindical Alternativa de Catalunya. “La libertad sindical consagrada en el artículo 28.1 de la Constitución se infringe cuando los sindicatos son tratados discriminatoriamente por los poderes públicos. La discriminación se produce cuando una subvención de fondos públicos, como ayuda a los sindicatos para el cumplimiento de sus fines, se destina exclusivamente a los más representativos, cuando el artículo 7 de la Constitución atribuye a todos los sindicatos no solo la defensa, sino también la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; es decir, de los trabajadores”.

En una comunicación previa a la anterior consejera de Empleo, Margarita Ramos, José Ramón Rodríguez argumentaba que la jurisprudencia tiene establecida de manera reiterada que los fondos públicos deben sujetarse al principio de equidad. “Como consideramos que esta financiación encubierta -que busca consolidar a los dos sindicatos en clara ventaja frente al resto- ha alcanzado límites escandalosos en los últimos años, llamamos a poner coto a este antidemocrático trato”.

A IC y USO les parece “inconcebible que, en la actual coyuntura social y económica, en medio de un enorme tajo a los servicios sociales, al empleo público y a la inversión, se dediquen cada año centenares de miles de euros a dos sindicatos sin ningún tipo de control”.

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