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José Miguel Pérez defiende que la educación ‘no es un negocio ni económico, ni ideológico’

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), ha dicho que la Ley Wert es «un ataque en toda regla» al sistema público educativo, pues concibe la educación como «un negocio económico e ideológico» y se aparta de los objetivos relacionados con la cohesión social, la ciudadanía activa y el fortalecimiento de la equidad.

Así lo ha señalado hoy sábado en la inauguración de la jornada ‘Ganarse el futuro. La educación como motor de la Europa 2020’, organizada por la delegación española del grupo de la Alianza progresista de los socialistas y demócratas en el Parlamento europeo, celebrada en la Casa de América en Madrid.

Para el consejero, la Ley Wert tiene su fundamento en un principio que el Gobierno del PP «mantiene oculto», que «sólo mejorarán los resultados del sistema educativo si se hace todo lo posible para convertirlo en un negocio».

Añadió que de acuerdo con tal principio, el Gobierno ha propuesto un cambio estructural de la norma educativa, caminando «en dirección opuesta» a las recomendaciones de las principales instancias internacionales, incluida la Unión Europea, incluyendo en el articulado del anteproyecto cambios destinados a la creación de «un cuasimercado educativo, diferenciando claramente la financiación de la provisión del servicio».

En opinión de Miguel Pérez, «la apuesta del PP por un mercado educativo carece de cualquier fundamento científico, no se basa ni en evidencias ni el las mejores prácticas educativas y sólo obedece a un acto de fe ciega que idolatra los mercados».

CONSTRUIR LA ALTERNATIVA

El consejero ha hecho hincapié en que, dado que el Gobierno «se niega» a consensuar esta Ley con la oposición, es obligación del Partido Socialista construir «una alternativa sólida» basada en el mayor consenso posible entre todos los sectores sociales. Esta alternativa -añadió- pasaría por reconocer que el sistema educativo actual es «un buen sistema, aunque deba ser mejorado».

Además, entiende que se debería reconocer que estas mejoras deben centrarse en el desarrollo de un modelo de financiación sostenible que garantizara, en todo caso, una financiación no inferior al 4% del PIB, lograr el compromiso educativo entre los centros y las familias, y la creación de un nuevo marco de cooperación entre las administraciones públicas que permita actuaciones conjuntas destinadas al logro de los objetivos estratégicos del sistema.

El consejero incidió en que para reforzar la eficiencia de las inversiones en educación y formación, el principal recurso es mejorar la calidad de la oferta y hacer hincapié en la prevención del abandono temprano.

Pérez terminó su intervención destacando la necesidad de promover otras reformas y otros cambios que renueven el consenso social sobre la necesidad de preservar los servicios públicos contra los males de la humanidad: la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la opresión.