La mala educación pública no es un negocio – Por José Migue Pérez García

En nuestra Constitución se define la finalidad de la educación tras reconocerla como un derecho para todos. El artículo 27 del texto constitucional dice: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Desgraciadamente, el programa que tenía escondido la derecha, intenta alterar el pacto constitucional: el derecho para todos se pretende eludir para recuperar los principios del privilegio. Con ellos, se vuelve a colocar en la Ley la desventaja para los menos favorecidos y las primas en función de las ideologías. El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como la Ley Wert, constituye un ataque en toda regla a uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho: el sistema público de educación en España.

En noviembre de 2012, la Comisaria Europea de Educación, Juventud y Cultura Adroulla Vassilio, presentó una nueva estrategia europea para la educación y la formación denominada Rethinking Education. Esta nueva estrategia nace bajo el signo de la creciente preocupación por el desempleo juvenil y con un marcado carácter economicista que, a mi juicio, deja en un segundo plano algunos de los objetivos previstos en la anterior estrategia europea de Educación y Formación 2020, especialmente los relacionados con la cohesión social, la ciudadanía activa y el fortalecimiento de la equidad en los sistemas educativos. Sin embargo, la nueva estrategia llama nuestra atención sobre la necesidad de seleccionar adecuadamente los aprendizajes relevantes y crear condiciones institucionales que permitan alcanzarlos a la mayoría de la población. Entre los nuevos aprendizajes destacan las aptitudes básicas, las aptitudes transversales, el emprendimiento, la aptitud científica y los idiomas. Entre las nuevas condiciones institucionales para el aprendizaje se destacan la mayor integración entre entornos académicos y laborales, la utilización de las posibilidades que ofrecen los recursos educativos abiertos, el fortalecimiento de las competencias profesionales docentes y nuevos modelos de colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada.

Mención especial merece, a mi juicio, las consideraciones que se hacen sobre la financiación de la educación y la necesidad de encontrar un modelo que haga sostenible la inversión en educación. En relación con esta cuestión, además de mencionar expresamente a España como uno de los pocos países que ha reducido las ayudas destinadas a las personas que estudian, se hace la siguiente consideración: para reforzar la eficiencia de las inversiones en educación y formación, el principal recurso es mejorar la calidad de la oferta y hacer hincapié en la prevención del fracaso escolar.

Pues bien, me temo que ninguna de estas dos prioridades se encuentra en el anteproyecto de reforma del sistema educativo que ha elaborado el gobierno del señor Rajoy. Mi impresión es que la reforma prevista, constituye una seria amenaza para el futuro de la educación en nuestro país y que lejos de contribuir al logro de los grandes objetivos de la Estrategia Europea nos alejará de ellos, puesto que va en dirección opuesta a las directrices prioritarias de aquélla.

La Ley Wert tiene su fundamento en un principio que, para no variar, también permanece oculto. Este principio, que al Partido Popular le parece evidente es el siguiente: “sólo mejorarán los resultados de nuestro sistema educativo si hacemos todo lo posible para convertirlo en un negocio”. De acuerdo con tal principio, se ha propuesto un cambio estructural de la norma educativa (caminando en dirección opuesta a las recomendaciones de las principales instancias internacionales, entre ellas la Unión Europea). En el articulado del anteproyecto se proponen cambios destinados a la creación de un cuasimercado educativo, diferenciando claramente la financiación de la provisión del servicio.

Recordemos que un mercado es una forma de intercambio de bienes y servicios basado en unas condiciones muy sencillas: a) un sistema de información, b) una variedad de bienes suficientes para que exista la posibilidad de elegir, c) un conjunto bien definido de incentivos y, finalmente, d) unos agentes que en virtud de sus contratos actúan como proveedores y como clientes. Para el sistema de información que todo mercado necesita el Partido Popular coloca las reválidas al finalizar las etapas educativas. Las calificaciones obtenidas por el alumnado de un centro cumplirán la misma función que los precios: hacer transparente el mercado. Cumplida la primera condición. La segunda se obtiene con la especialización curricular de los centros educativos y la desaparición de las zonas educativas como instrumento de planificación. Con tal cambio se hace posible una variedad suficiente de opciones para que exista un mercado. ¿Y los incentivos? ¿Cómo plantearán éstos para que evidencien que cada esfuerzo tiene su premio? Pues asegurando que los mejores estudiantes puedan acudir a los mejores centros y que la financiación pública premie, en cualquiera de sus formas, a quienes más lo merezcan. Cumplidas estas tres condiciones del mercado la cuarta no entraña mucha dificultad: consiste en convertir la relación entre las familias y los centros educativos en una relación clientelar. Los centros ofrecen su “productos” y las familias los toman o los dejan.

Para quienes seguimos creyendo en nuestros postulados constitucionales, la educación no es un negocio. Por ello, pensamos que lo que piensa el Partido Popular no es mejorar el actual sistema educativo.
Persiguen algo distinto: siguiendo la conocida “doctrina del shock” tratan de implantar su propio sistema educativo aprovechando la conmoción producida por la crisis económica en miles de personas. La Ley Wert no pretende mejorar el actual sistema educativo, trata de sustituirlo por otro. Esta sustitución es justamente lo que la argucia legislativa empleada pretende esconder. De forma previa, han hecho un trabajo de descalificación generalizada de la educación en España que ha ido calando en muchos sectores de la opinión pública. Como ha demostrado recientemente el documento que renueva las estrategias educativas de la Unión Europea para 2020, tal descalificación no se sostiene en la comparación con los países principales de nuestro entorno.

La apuesta del Partido Popular por un mercado educativo carece de cualquier fundamento científico, no se basa ni en evidencias ni en las mejores prácticas educativas, obedece sólo a un acto de fe ciega que idolatra los mercados. Por eso no podemos apoyarla. Nuestra obligación es oponernos con todas nuestras fuerzas a la Ley Wert, pero, a la vez, debemos construir una alternativa sólida basada en el mayor consenso posible entre todos los sectores sociales. A mi juicio esa alternativa pasaría por tres principios:

-Primero: reconocer que el sistema educativo actual es un buen sistema educativo aunque deba ser mejorado. Reconocido este principio, no sería necesario realizar nuevas reformas estructurales.

-Segundo: reconocer que las mejoras que el sistema educativo necesita deben centrarse en los siguientes campos de actuación: 1) Desarrollo de un nuevo marco de cooperación entre las administraciones públicas que permita actuaciones conjuntas destinadas al logro de los objetivos estratégicos del sistema; 2) Desarrollo de un modelo de financiación sostenible que garantice, en todo caso, una financiación no inferior al 4% del PIB; 3) Desarrollo de los centros y servicios educativos hasta lograr una gestión eficaz de las competencias que tienen atribuidas; 4) Desarrollo profesional del profesorado, y 5) Desarrollo de compromisos educativos entre los centros y las familias.

-Tercero: las iniciativas para poner en marcha los nuevos desarrollos deben estar basadas en el reconocimiento y la valoración de las mejores prácticas instituidas por las Comunidades Autónomas y por otros sistemas educativos nacionales.

Es por ello el momento de promover otras reformas y otros cambios que renueven el consenso social sobre la necesidad de preservar los servicios públicos contra los males de la humanidad: la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la opresión. La educación no puede ser un negocio ni económico, ni ideológico.

*CONSEJERO CANARIO DE EDUCACIÓN