El Constitucional ha ratificado la competencia del Gobierno de España para autorizar los sondeos y prospecciones que se están realizando en aguas cercanas a Canarias. Aunque era una ratificación esperada incluso por los Servicios Jurídicos del Gobierno, que presentaron un recurso a la Ley de Hidrocarburos demandando para Canarias las competencias en aguas cercanas, el rechazo -tercer varapalo judicial que recibe el Gobierno en este asunto- se trata de un torpedo claro a la incomprensible línea de oposición del Gobierno regional a cualquier tipo de prospecciones.
Recientes estudios en el subsuelo de las aguas marroquíes, lindantes con la zona de prospección española, acaban de confirmar lo que ya se suponía: la zona alberga entre 750 y 1.000 millones de toneladas de barriles de crudo, un tesoro que ningún Gobierno dejaría escapar. Lo razonable en este asunto no es oponerse numantinamente a unas prospecciones que iban a acabar por realizarse, sino negociar con el Estado y con las compañías petrolíferas la mejora de las condiciones de seguridad ecológica, y un buen catálogo de contrapartidas para Canarias, tanto en empleo como en ingresos para la caja pública. Presidencia del Gobierno prefirió elegir una estrategia de confrontación, que, probablemente, respondió al cálculo electoral interno: Rivero necesitaba los votos de Lanzarote y Fuerteventura para ganar el último Congreso de Coalición, en el que quedó mismamente al borde de no salir. Oponerse al petróleo suponía coincidir con los cabildos de esas dos islas y con la sensibilidad de una parte importante de los majoreros y conejeros. Eso le dio algunos votos a Paulino en su congreso, pero colocó al Gobierno en una posición de incapacidad negociadora, a la que se avino el Partido Socialista, un partido cuyo secretario general, el ahora vicepresidente Pérez, había dicho poco antes que haría las prospecciones “hasta con los ojos cerrados”. En aras de la unidad del Gobierno, se cambió ese discurso, y ahora el Gobierno no tiene ni la capacidad de evitar las prospecciones y extracciones ni la de negociar algún beneficio para las Islas.
Por desgracia, nada de esto nos sorprende. Estamos ante la historia repetida de Canarias en los últimos años: la política, la gestión y la negociación han sido sustituidas por el “todo o nada”, que da mejor en los titulares. Pero, cuando se apuesta, siempre cabe el riesgo de acabar con nada. Pedir el absurdo es una buena forma de terminar con los bolsillos vacíos. Y así nos va.