Las inevitables encuestas y sondeos maquillados y sesgados a gusto del consumidor -los partidos y los medios de comunicación- indican estos días que la credibilidad de las tan esperadas declaraciones del presidente del Gobierno respecto a los presuntos casos de corrupción en su partido fue relativamente baja. Lo cierto es que, al margen de estos sesgos, parece que la audiencia valoró muy pobremente la negación sin más de Rajoy. Porque el presunto tráfico de sobres y de sobresueldos en el Partido Popular, los veintidós millones en Suiza de su antiguo tesorero y las fundadas sospechas de una contabilidad paralela no se acallan con una simple negativa. Sin contar con la incógnita de si la amnistía fiscal sirvió para ocultar la corrupción en el partido. No estamos hablando únicamente de una posible defraudación a la hacienda pública, deporte que practican muchos españoles, como se ha dicho, sino sobre todo de una malversación de caudales públicos. No podemos olvidar que los partidos -y los sindicatos- españoles se financian en una proporción escandalosa con dinero público. Y, como el propio presidente reconoció, en unos tiempos en que su Gobierno impone a los ciudadanos sacrificios exorbitantes, estas cosas requieren, cuanto menos, unas explicaciones más que convincentes junto a enormes dosis de transparencia.
El líder de los socialistas se ha apresurado a pedir la dimisión de Rajoy. Y la progresía de estricta observancia ha convocado manifestaciones “espontáneas” para acosar las sedes populares con carteles en los que se leía: “Hay que acabar con el Partido Popular”. Todo muy democrático, igual que en un reciente pasado de triste recuerdo. El Partido Socialista lo intenta todo con tal de desconocer los resultados electorales. Y sectores importantes de la izquierda española utilizan la democracia como instrumento de usar y tirar, y conciben un país en el que solo ellos tengan derecho a la vida. Ya ocurrió en la Segunda República. Literalmente.
Sin embargo, harían bien en asumir que la corrupción política española es un fenómeno generalizado porque en ella participan todos los partidos políticos, que son sus principales culpables y protagonistas. El partido de Juan Guerra y Roldán, el partido de los mil millones de los falsos ERE andaluces, y el partido del presunto caso José Blanco no debería hablar mucho de corrupción. Y ahí tenemos el escándalo de la Fundación Ideas, uno de los buques insignias socialistas, que les ha obligado a destituir a su director y que ha puesto de relieve el importante papel de las fundaciones partidistas en la corrupción gracias a la opacidad en la que se mueven.
La Fundación Ideas, como el resto de las fundaciones que dependen de partidos políticos, se financian básicamente por medio de subvenciones del Estado, pero no revelan a la opinión pública quiénes son sus proveedores. Es decir, no sabemos quién termina quedándose con el dinero público y por qué procedimiento. Sin transparencia, nadie podía saber que un mínimo de 600.000 euros de los ejercicios 2010 y 2011 se repartieron en esa Fundación entre empresas de amigos y familiares de dirigentes del partido. Mucho menos aún que otros 50.000 euros fueron a parar a la falsa columnista llamada Amy Martin, que, según confirmó el propio PSOE tras las revelaciones de El Mundo, era el pseudónimo que usaba el propio director de la institución, Carlos Mulas. No obstante, su esposa, la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, lo ha exculpado en un comunicado sorpresa, en el que asegura que la tal Amy Martin es ella. De acuerdo con su versión, la Fundación Ideas le pagaba hasta 3.000 euros por artículo periodístico, sin que su marido supiera su verdadera identidad. Un nuevo -y no aclarado- giro a esta historia rocambolesca para el lector y el contribuyente. Las presuntas corrupciones de turno alcanzan también a los nacionalistas. El desvío de 388.000 euros de subvenciones que Unió Democràtica de Catalunya ha aceptado devolver para eludir el juicio en el denominado caso Pallerols, aunque su líder, Duran i Lleida, se ha negado a dimitir porque el partido “desconocía” el desvío y porque “no hay financiamiento irregular y las responsabilidades políticas ya fueron asumidas”. El presunto trato de favor de la Justicia a este partido. Las presuntas cuentas en Suiza de los Pujol y de Artur Mas, de las que el fiscal general del Estado ha manifestado que “sin duda, hay indicios para investigar las cuentas en Suiza de Pujol”. El reconocimiento de Josep Pujol en El Mundo de que posee dinero en paraísos fiscales y su confirmación de que acaba de regularizar en torno a dos millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal. Y si nos remontamos solo un poco hacia atrás, el caso del Palau de la Música Catalana. Y podríamos continuar hasta el infinito.
En el primer soneto de su poemario El rayo que no cesa, Miguel Hernández escribe: “¿No cesará este rayo que me habita?” El poeta se refiere al amor, pero la sociedad española está legitimada para preguntarse lo mismo de la corrupción. Y no nos engañemos, es muy poco probable que cese. Somos españoles, la picaresca es parte indisoluble de nuestra cultura y la corrupción es un rayo que nos habita naturalmente. Así que, por desgracia, no parece que vaya a cesar en mucho tiempo.