Rivero esgrime la amenaza de despidos para justificar el 20%

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Como si no hubiera dicho nada. Con esa impresión se quedaron los miembros del colectivo de empleados públicos que ayer acudieron al pleno del Parlamento de Canarias invitados por el grupo mixto para escuchar las explicaciones de Paulino Rivero sobre la incidencia del recorte de la jornada laboral a unos 3.300 trabajadores de la Administración autonómica. El jefe del Ejecutivo no se salió del guion: “Eso siempre es mejor que los despidos masivos y los servicios esenciales [educación o sanidad] no se han visto alterados”.

Los aplausos que sonaron al término de la pregunta oral no eran para él, sino para Román Rodríguez. El diputado de Nueva Canarias (NC) insistió en su demanda de que se anule una medida que calificó de injusta, caótica y que bordea la legalidad. Rodríguez rebatió a Rivero y aseguró que la reducción trae consecuencias perniciosas. “Deteriora la calidad de los servicios y crea un pésimo clima laboral, además de perjudicar a muchas familias, cuyos ingresos se han visto mermados un 20% o un 10% si el contrato no es de jornada completa”. El representante de NC acusó al Gobierno (CC-PSOE) de “recortar de manera improvisada sobre los trabajadores públicos, lo que está teniendo impacto en la gestión de la ley de la dependencia, el Servicio Canario de Empleo y el área de medio ambiente”. Rivero no se dio por aludido. “Más que hacer ajustes, nos preocupa el contexto general”, apuntó el mandatario.

DENUNCIA POR “CEGUERA”
Mientras la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) criticaba la “indignante ceguera” del Gobierno de Canarias, los sindicatos IC, Sepca, CC.OO., UGT, Cobas y CSC-OCEPS, IC, UGT presentaban en la oficina de la Unión Europea en Madrid una denuncia contra la rebaja del 20% de jornada y sueldo.

En una nota de prensa, el secretario de Acción Sindical de Sepca, Manolo González, justifica esta queja formal en que la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias “vulnera directivas comunitarias”.