La tasa Tobin pretende recaudar hasta 35.000 millones al año

EUROPA PRESS | Bruselas

La Comisión Europea ha presentado este jueves su propuesta final sobre la tasa a las transacciones financieras que aplicarán España y otros 10 Estados miembros -entre ellos Alemania y Francia- y que pretende recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.

El plan del Ejecutivo comunitario introduce más salvaguardas para evitar que las transacciones se deslocalicen a países que no aplican la tasa, como Reino Unido, y frenar la evasión del impuesto.

El objetivo de esta tasa es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. El veto de Reino Unido ha hecho imposible un acuerdo a 27 y ha empujado a 11 países (entre los que están también Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia) a avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada.

“Sobre la mesa tenemos un impuesto indiscutiblemente equitativo y técnicamente sólido, que reforzará nuestro mercado único y moderará el comportamiento irresponsable de algunos operadores del mercado”, ha dicho el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta.

El comisario ha asegurado que su propuesta es plenamente compatible con la legislación internacional y respeta el principio de territorialidad y ha anunciado que en los próximos días visitará Estados Unidos, que ha expresado sus dudas sobre esta iniciativa. Semeta no ha excluido que se puedan producir problemas de doble imposición en los Estados miembros que no participan, pero ha dicho que se intentará resolverlos en las negociaciones.

El objetivo del Ejecutivo comunitario es que la tasa comience a aplicarse el 1 de enero de 2014. Para ello, se necesita un acuerdo unánime de los 11 participantes. Los Estados miembros que se han excluido del proyecto estarán en la mesa de negociación pero no tendrán voto.

Como ya preveía el plan original de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados, siempre que esté implicada una institución financiera basada en uno de los 11 países participantes o que actúe en representación de un cliente basado en estos Estados.

Pero además, para evitar que las operaciones se deslocalicen a la City de Londres, el Ejecutivo comunitario propone añadir un segundo criterio, el lugar de emisión. Según dicho principio, los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación del impuesto.

La tasa no se aplicará a las actividades financieras diarias de los ciudadanos y las empresas (por ejemplo, préstamos, pagos, seguros, depósitos, etc.), a fin de proteger a la economía real. Tampoco se aplicará a las tradicionales actividades bancarias de inversión en el contexto de la captación de capitales ni a las transacciones financieras efectuadas en el marco de operaciones de reestructuración.

La propuesta también excluye las actividades de refinanciación, la política monetaria y la gestión de la deuda pública. Por consiguiente, quedarán exentas del impuesto las transacciones con los bancos centrales y el Banco Central Europeo, con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la Unión Europea.

El plan original de Bruselas para el conjunto de la UE preveía una recaudación de 55.000 millones de euros al año. Pero tampoco hay acuerdo sobre el uso del dinero. Mientras que el Ejecutivo comunitario defiende que dos tercios vayan a financiar el presupuesto comunitario, la mayoría de Estados miembros quiere que los fondos engrosen las arcas nacionales.