El TC rechaza que Canarias pueda decidir sobre sondeos petrolíferos

El portavoz del PP, Asier Antona, y el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en el pleno de ayer. | EFE

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias carece de competencias para autorizaciones de exploración y permisos de investigación sobre yacimientos de petróleo en el subsuelo marino. Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional (TC), al desestimar un recurso del Ejecutivo regional contra la Ley estatal del Sector de Hidrocarburos.

La sentencia se dictó el pasado 17 de enero, pero se conoció ayer en el pleno del Parlamento canario por boca de la diputada majorera del PP Águeda Montelongo, quien preguntó qué respuesta había obtenido el presidente del Gobierno canario a la, a su juicio “ridícula”, carta que envió al secretario general de la ONU contra los sondeos autorizados a Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Ban Ki Moon aún no ha respondido.

El fallo judicial, y frente a las pretensiones del Gobierno canario, da por bueno el artículo 3.2.b) de la citada ley, que otorga al Estado todo el poder de decisión en estos casos. Los magistrados concluyen que en la medida de que el fondo oceánico no forma parte del territorio de la Comunidad Autónoma, “la competencia autonómica [...] no comprende el otorgamiento de autorizaciones de exploración y permisos de investigación en el subsuelo marino”.

De esta forma, el alto Tribunal echa por tierra además el argumento,sostenido por el Gobierno regional, de que la definición de Canarias como archipiélago en el Estatuto de Autonomía incluye no solo las siete islas sino también el mar adyacente. Otro argumento desestimado es que a Canarias se le aplique la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar para trazar sus límites del mar territorial, pues, según el TC, este procedimiento sólo atañe a estados archipielágicos.

Además, la sentencia señala que precisamente porque el mar no forma parte del territorio de de una comunidad autónoma, ésta “solo excepcionalmente” puede tener competencias sobre el mar territorial, “siempre y cuando” así estén reconocidas de modo “explícito” en el Estatuto de Autonomía,

Montelongo señaló ayer que se trata de “un nuevo varapalo judicial, y ya van tres, a la cruzada política contra unas prospecciones que pueden traer muchos beneficios a Canarias”. Sin embargo, la consejera de Industria, la socialista Francisco Luengo, repuso que “aquí sólo hay uno que gana: Repsol”. Por ello, ratificó que no cejará en la estrategia judicial contra un “atropello” a Canarias, y recordó que existe un recurso ante el Supremo por considerar ilegal “el acto de convalidación bajo el que se otorgó una nueva autorización a la misma empresa que en 2001, obviando que cuando una compañía no cumple requisitos hay que empezar de nuevo el proceso, mediante concurso”. También se han presentado dos quejas ante la Unión Europea por vulneración de sendas directivas sobre impacto ambiental y prospecciones de hidrocarburos.

Por su parte, el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, confirmó que el Supremo aún no ha resuelto el recurso sobre las autorizaciones a Repsol, y sólo denegó su suspensión cautelar.