Transparencia (y 2) – Alfonso González Jerez

La ley de Transparencia que actualmente zurce el Gobierno autonómico -como la que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados- pretende exigir redundantemente información sobre gastos, inversiones, sueldos y dietas de los políticos y administraciones públicas. Ya solo en su propósito este nonato texto legislativo es una patética denuncia de la baja calidad democrática del sistema político- institucional en Canarias y en España. Pero, tal y como expone Hernández Spínola, un tanto gaseosamente, los propósitos de la ley serán incapaces de conseguir un efecto apreciable. La ley de Transparencia, en la calle Teobaldo Power o en la carrera de San Jerónimo, se reduce a una política gestual que evita el verdadero compromiso que deberían adquirir los partidos parlamentarios en la lucha contra la corrupción: un conjunto de reformas legales y reglamentarias que implican un rediseño jurídico e institucional para desincentivar el robo, la malversación y el mamoneo; esa concepción encanallada que transforma lo público en el botín de guerra de los partidos que alcanzan el Gobierno.

La transparencia informativa es imprescindible, desde luego, pero puede cumplirse de tal manera -ofreciendo la información de manera fragmentaria, confusa y apabullante- que por sí sola deviene escasamente útil. Las cosas serían distintas si se redujera al mínimo la discrecionalidad de las autoridades políticas para tomar decisiones en materia de cambios presupuestarios, contrataciones o planeamiento urbanístico, pasando olímpicamente por encima, cuando sus vuescencias lo consideran pertinente, de los informes técnicos o los reparos jurídicos de los funcionarios competentes. O impidiendo taxativamente todas las prácticas que conducen a la lacra del clientelismo: los puestos de libre designación deberían reducirse a la mínima expresión en algunas áreas y suprimirse directamente en otras, al margen de la disponibilidad presupuestaria de cada coyuntura económica. Es muy dudoso que la corrupción pueda ser eliminada de un plumazo pasado mañana por la tarde, pero no desaparecerá mágicamente a través de un ejercicio más o menos troquelado de transparencia informativa. El diagnóstico y la eliminación de la corrupción política exige mucho más y a estas alturas nadie va a resignarse con mucho menos.