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Aprobadas 59 propuestas de resolución, 9 de ellas del PP y 21 del Grupo Mixto

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria ha culminado este miércoles con la aprobación de un total de 59 propuestas de resolución, 9 de ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y 21 por el Grupo Mixto, que fueron aceptadas por Coalición Canaria y el Partido Socialista.

Tras la intervención de los cuatro grupos parlamentarios para defender sus propuestas y fijar posiciones, comenzó el turno de la votación en la que fueron aceptadas la totalidad de las propuestas de resolución que presentaron de forma conjunta los grupos que apoyan al Gobierno, un total de 29, pues una -la número 10 del segundo bloque- fue retirada.

El Grupo de la oposición logró que Coalición Canaria y Partido Socialista aceptasen hasta nueve de sus propuestas, tres de ellas -la número 1, 2 y 3- en la que el Parlamento de Canarias acuerda promover un plan urgente para el fomento del empleo de los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad.

Lo que no logró el PP fue sacar adelante una propuesta en la que reclamaba una nueva economía basada en las prospecciones de hidrocarburos. Dentro de esta propuesta, la oposición pretendía que el Gobierno de Canarias rectificase su posición de rechazo a las prospecciones y cooperar con el Gobierno de España para que el hipotético hallazgo de petróleo y gas beneficiase en términos económicos y laborales a las islas.

Por su parte, el Grupo Mixto logró que 21 de sus propuestas de resolución salieran adelante, entre ellas, la número 39, por la que la Cámara autonómica insta al Ejecutivo a poner en marcha un plan extraordinario contra la pobreza y la exclusión social, una propuesta que, sin embargo, había sido rechazada por CC y PSC-PSOE al votar en contra de una PNL presentada por el Grupo Mixto.

No obstante, los grupos que apoyan al Gobierno votaron en contra de su propuesta número 11, en la que proponía la modificación de la regulación electoral canaria, disminuyendo como mínimo la actual barrera de acceso al Parlamento del 30% insular al 5%, como en la normativa electoral para los cabildos y ayuntamientos.