El Cabildo pide al Estado una modificación de la Ley de Costas

La consejera insular de Planificación, Pino de León. / DA

J. MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, ha solicitado al ministro de Agricultura y Medio Ambiente un encuentro con el fin de modificar la Ley de Costas y de que se prevea en este documento algunas particularidades de núcleos canarios. La responsable insular remitió la carta solicitando el encuentro el pasado viernes, ya que en estos momentos la citada normativa se encuentra en el Congreso y el Senado.

“Espero que Miguel Arias Cañete nos conceda esta reunión, a la que me gustaría ir con otras administraciones públicas y entidades, con el fin de poder explicar cuál es nuestra realidad y que pueda dar respuesta a algunos casos en Canarias”, precisó De León.

Además, reclamó más tiempo para la aprobación de este documento con el objeto de que las administraciones -Gobierno regional, Cabildo y ayuntamientos- “podamos elaborar un censo de todos los núcleos poblaciones que se ven afectados, y analizar cada una de sus particularidades”. La consejera, además, hizo un llamamiento a todos los senadores de Canarias, independientemente del partido político al que pertenecen, para que “tengan en cuenta que se nos está dando una oportunidad histórica para la modificación de la Ley de Costas del año 88, que no ha resuelto la problemática del litoral en Canarias, ya que no se tiene en cuenta sus especificidades”. Precisó que es necesario que se modifique esta normativas para que incluya la realidad cultural de las Islas, “como ya lo hace con algunas zonas en Valencia, Formentera, Andalucía o Galicia, entre otras”. Del mismo modo pidió a los senadores “que muestren en la Cámara Alta la realidad territorial de Canarias y se contemple en el texto, por lo tanto, un precepto o una disposición adicional con el objetivo de que si existen núcleos de población consolidados, aunque no estén clasificados como suelo urbano, o que tengan sistemas de saneamiento o aguas residuales, no se cumpla los 100 metros de deslinde de dominio público, sino 20 metros”.

Plazo para el análisis

La segunda petición que llevó a cabo De León es la de solicitar un plazo en el que las administraciones canarias puedan elaborar un censo para conocer qué localidades están afectadas, cuáles deberían ser contempladas como excepciones y los que no. “Hay que ver qué zonas son dignas de proteger y aquellas que no, para buscar fórmulas para recuperar el dominio público terrestre”, matizó la consejera. Aunque reconoció que en estos momentos en la Isla no se ha hecho este documento, puso como ejemplo algunos casos que deben ser tenidos en cuenta como Anaga. Por último, insistió en que “los ciudadanos no se oponen a ejecutar la ley, sino a que se tengan en cuenta las excepciones”.