política>

Los cabildos llevan el conflicto de competencias al Constitucional

Los presidentes de los cabildos, durante una reunión en el Parlamento de Canarias. | DA
Los presidentes de los cabildos, durante una reunión en el Parlamento de Canarias. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En la víspera del centenario de su constitución, los cabildos decidieron ayer plantear un conflicto de competencias contra el Gobierno regional en defensa de la autonomía local.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) resolvió, en la sede de la institución tinerfeña, que cada corporación adopte el correspondiente acuerdo plenario antes del 29 de marzo. Posteriormente se pedirá un informe al Consejo Consultivo y los servicios jurídicos de la Fecai acudirán formalmente al Constitucional.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de turno de la federación, el gomero Casimiro Curbelo, informó de que le ha propuesto al jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, el inicio de un proceso de diálogo desde la “trasparencia” y la “lealtad” que permita avanzar en el entendimiento y, por consiguente, aparcar todos los conflictos. “Hagamos un vaciado de datos reales”, dijo Curbelo en alusión a la liquidación de las entregas a cuenta del bloque financiero del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Gobierno autonómico. “Lógicamente”, apostilló, “no podemos renunciar a la defensa legítima de los intereses de los ciudadanos de cada una de las islas del Archipiélago”.

Del análisis de la evolución de los recursos financieros de 2013 se deduce que determinados tributos -especialmente, los vinculados al IGIC- han experimentado un crecimiento “razonable” y que otros, como las matriculaciones, han descendido “considerablemente”. En este sentido, explicó Curbelo, la Fecai emplaza al Ejecutivo a compartir con las entidades locales la información sobre los nuevos tipos impositivos del IGIC, que entraron en vigor en julio de 2012.

Los cabildos se movilizarán para “obligar” al Gobierno canario a dotar financieramente las competencias transferidas. Se han dado un tiempo para que se modifique el artículo 9 de la ley 9/2003, de Financiación de las Haciendas Territoriales, de manera que se garantice por ley que los criterios de distribución sean “un hecho constatable en la realidad legislativa y que no dependa de la libre voluntad del Gobierno, que cada año desde 2009 cambia el método”.

El tinerfeño Ricardo Melchior recalcó que el dinero es de las tres administraciones públicas. “Cuando la liquidación es positiva no se nos abona y cuando es negativa tenemos que pagar nosotros”, se quejó.

[apunte]Documento con muchas dudas
El Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas Canarias ha trasladado a la Fecam y la Fecai el último informe en el que se recoge la metodología para la redistribución de funciones y bloques de competencias en los tres niveles de la Administración con el objetivo de evitar duplicidades. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la comisión, José Luis Rivero, explicó que el informe recoge una metodología “válida” para el análisis específico de la redistribución competencial.

En el documento todavía hay “algunas incógnitas” relacionadas con el anteproyecto para la reforma de la Administración local, pero José Luis Rivero aclaró que la fórmula es compatible con las opciones planteadas. No obstante, habrá que introducir “matices” que permitan su encaje en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Desde este momento, los cabildos y los ayuntamientos dispondrán de un mes para dejar escritas sus sugerencias. Una vez aprobada la propuesta del comité, será un instrumento “útil”.[/apunte]