El fiscal pide cinco años de cárcel para los imputados por los tartazos contra la presidenta navarra Yolanda Barcina

EFE | Pamplona

El fiscal pide 5 años de cárcel para cada uno de los cuatro imputados por el lanzamiento de tres tartas contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, el 27 de octubre de 2011, durante una reunión en Toulouse (Francia) del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).

Esta acción fue reivindicada por el Movimiento de Desobediencia Civil contra la construcción del Tren de Ata velocidad (TAV) en Navarra «Mugitu», que esta noche ha informado de la petición del ministerio público para los cuatro imputados.

La acusación particular, según Mugitu, pide por su parte nueve años de prisión para Gorka Moreno, teniente de alcalde de Arruazu, y seis años de prisión para los otros tres implicados en los hechos, Ibon García Garrido, Julio Martín Villanueva y Mikel Alvarez Forcada, hermano del ex dirigente de Batasuna Joseba Alvarez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a los cuatro un presunto delito de atentado a la autoridad, les fijó comparecencias semanales, les prohibió abandonar el territorio nacional y les retiró el pasaporte.

La defensa de los imputados recurrió la decisión de Pedraz al entender que la petición de penas de prisión era «hiperbólica y extralimitada», pero el recurso fue rechazado primero por el juez y luego por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Según el auto de Pedraz, cuando Barcina se encontraba presidiendo el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), se acercó a ella Ovejero Gamboa, que portaba «oculta en una carpeta una tarta y sacándola de forma sorpresiva se abalanzó por delante sobre la presidenta estampando la tarta en su cabeza».

Inmediatamente después, según el auto, y «mientras la citada se encontraba aturdida como consecuencia del impacto», se acercaron por la espalda sucesivamente Martín Villanueva y García Garrido, estampándola respectivamente cada uno una tarta en la cabeza.

Para el magistrado, los tres actuaron «de común acuerdo» para «agradecer los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable política de Navarra estaba realizando por la imposición de esa infraestructura» del tren de alta velocidad.