La inestabilidad de las casetas hizo desistir al Consistorio del derribo de cuatro de ellas. | F. P.
NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Las 15 familias que se cobijan en la veintena de chabolas que se alzan en los alrededores del Pancho Camurria se despertaron ayer con sobresalto al encontrarse con numeroso personal municipal compuesto por policías locales (Unipol), trabajadores de la limpieza, de servicios sociales y distinta maquinaria para derribar cuatro de las infraviviendas que al parecer se encuentran vacías. La intervención, en la que también estuvo el concejal de Obras y Servicios, Dámaso Arteaga, no hubiera tenido mayor incidencia si no fuera por que algunos de los habitantes del asentamiento aseguraron no estar informados de la operación de limpieza, tal y como la define el Consistorio, y se opusieron a que se llevara a cabo ningún tipo de derribo, con lo que se vivieron, según algunos testigos, momentos muy desagradables.
Mientras, desde el Consistorio se asegura que la quincena de personas que están en el lugar fueron informados en tiempo y forma y que el mismo miércoles por la tarde se verificó con todos que se iba a proceder a la intervención. Finalmente, el personal municipal se retiró sin llevar a cabo el derribo previsto y sí la limpieza de las cuatro chabolas y el compromiso de los moradores del asentamiento de tapiar ellos mismos las casetas.
La concejala de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, explicaba ayer que “desde hace tres semanas teníamos constancia de que había cuatro chabolas vacías y después de un tiempo prudencial, de ir por allí a explicar lo que íbamos a hacer, al final esta semana les comunicamos que el jueves procederíamos al derribo y a la limpieza de la zona”.
La causa por la que finalmente no se procedió a tirar estas cuatro chabolas fue, según señaló la edil de Asuntos Sociales, porque por un lado “las personas que habitualmente ocupaban dos de las infraviviendas nos pidieron más tiempo para poder sacar algunas de sus cosas que aún seguían dentro y las otras dos no fueron derribadas porque los técnicos estimaron que podrían afectar a la estructura del resto y por seguridad no se llevó a cabo”. El aplazamiento de esta intervención es indefinido porque, insistió Álvarez, “no queremos que ellos sientan que los estamos echando y queremos hacerlo a medida que vayan dejando vacías las chabolas”.
La decisión de tirar las cuatro casetas se tomó, explicó la edil, porque “contamos con un parte policial que asegura que las personas que ayer pidieron más tiempo están viviendo en otro sitio desde hace tiempo; otra está vacía porque hemos conseguido que su morador acuda al hospital y en la última, afortunadamente la persona que la ocupaba ahora está con su familia”.
ERROR DE LA ADMINISTRACIÓN
Frente a esta versión municipal, la de uno de los afectados, Jesús, unida a la de la Plataforma por la Dignidad de las Personas a través de su portavoz, Eloy Cuadra, que niegan que sean cuatro las casetas vacías y que solo una está en esa situación. El primero afirmó que “se han presentado sin avisar y sin ningún tipo de orden judicial para proceder al derribo y por eso nos hemos opuesto”. Por su parte, Cuadra expresó su malestar porque “la Plataforma está colaborando activamente con Asuntos Sociales para darles un lugar digno a estas personas y este mismo martes nos reunimos y no nos dijeron nada de esta intervención”. “Han actuado con nocturnidad, presentándose a las siete de la mañana y con un despliegue de medios enorme, solo para amedrentar a las personas que allí están. Han metido la pata”, concluyó.