El Parlamento canario amplía la edificabilidad en suelo urbano consolidado

EFE | Santa Cruz de Tenerife

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Canarias acordó hoy la posibilidad de ampliar la edificabilidad en suelo urbano consolidado con el fin de paliar el número de viviendas fuera de ordenación.

Según el acuerdo de CC y PSOE, ante el que se abstuvieron el PP y Nueva Canarias, en el planeamiento se podrá incrementar la edificabilidad global en áreas consolidadas hasta 500 habitantes o 15.000 metros cuadrados de edificación predominantemente residencial, frente a la vigente de 400 habitantes o 12.000 metros cuadrados.

Esta modificación se acordó con motivo de la tramitación de la proposición de ley de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, que aún debe ser aprobada en pleno y ante la que el PP mantendrá sus enmiendas.

Según Cristina Tavío, diputada del PP, la ampliación de la edificabilidad propuesta es insuficiente para zonas de Santa Cruz de Tenerife en donde numerosas viviendas quedaron fuera de ordenación en el plan general, como los barrios de La Salud y La Salle.

Tavío proponía que en los suelos consolidados se aplicaran excepciones que permitieran “aceptar la ciudad como es en realidad”, lo que, subrayó, no es ningún coladero para ampliar la edificabilidad en los nuevos planeamientos municipales, sino resolver la alarma social creada por las miles de viviendas legales que están fuera de ordenación.

La proposición de ley que se debatió en comisión está en trámite desde julio de 2011, y en las cinco reuniones que celebró la ponencia parlamentaria para dictaminarla no se introdujeron cambios debido al desacuerdo entre los grupos políticos.

Los grupos que apoyan al Gobierno, nacionalista y socialista, querían inicialmente que la limitación edificatoria no operara en áreas consolidadas cuando “no resulte previsible la sustitución de la edificación preexistente”, una redacción que, según Román Rodríguez, suponía “un coladero”.

Finalmente, el presidente de la comisión parlamentaria, José Miguel González (CC), propuso la fórmula transaccional de aumentar el límite hasta 500 habitantes y 15.000 metros cuadrados, la cual fue aceptado por los grupos que apoyan al Gobierno.

Nueva Canarias considera que es una fórmula menos mala que la inicialmente planteada, pero se abstuvo porque esta modificación legal se realiza por los problemas concretos de una ciudad, Santa Cruz de Tenerife.

Román Rodríguez comenzó por criticar que una modificación legal tan relevante para el interés general como es la regulación del suelo se haya tramitado en forma de proposición de ley, para sustraerla de la participación ciudadana y de los controles y análisis sobre sus consecuencias que tienen los proyectos de ley.

Además, Rodríguez consideró que esta ley parte de un problema puntual en Santa Cruz de Tenerife, donde los promotores del plan general dejaron 60.000 viviendas fuera de ordenación.

“Eso no ha ocurrido en otros sitios, porque hay instrumentos en el planeamiento para eliminar y limitar estas incidencias”, dijo el diputado de NC.

“Se pretende hacer una ley para un problema concreto y eso es una técnica legislativa discutible”, advirtió.

También recordó que el informe del Consejo Consultivo sobre esta proposición de ley “es contundente y demoledor, es terrible, porque esta ley no dice sólo que hay que modificar la naturaleza del fuera de ordenación”, sino que deroga las limitaciones a la edificación.

“Aquí se quieren eliminar las limitaciones establecidas por la densidad poblacional y edificatoria a que están obligados todos los planeamientos por un problema de un ayuntamiento”, y con ese pretexto se liberaliza la edificación al introducir la discrecionalidad a la hora de establecer los límites, dijo.

Cristina Tavío dijo que es falso que se esté legislando específicamente para Santa Cruz de Tenerife y aseguró que muchos planeamientos municipales están paralizados a la espera de que se apruebe esta norma, lo que supone perjuicios para el desarrollo económico.

De hecho, solamente hay 20 planes generales municipales aprobados de entre los 88 ayuntamientos que hay en Canarias.

Tavío dijo que la modificación aprobada no arregla el problema de las zonas donde más alarma social existe por la existencia de numerosas viviendas fuera de ordenación, y citó los casos de los barrios de La Salle y La Salud, en Santa Cruz de Tenerife.

“Lo importante es resolver los problemas reales” y por eso defendió que se apliquen excepciones a los límites de edificabilidad en las zonas consolidadas, por lo que anunció que mantendrá sus enmiendas ante el pleno del Parlamento.