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Santa Cruz pagará 4,2 millones a la UTE del barranco de Santos

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá indemnizar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada para llevar a cabo las obras del Barranco de Santos por valor de más de cuatro millones de euros. Así lo confirma el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias al que el anterior equipo de gobierno municipal acudió para que valorara si la petición que hacían las empresas (FCC y SD), superior a los cinco millones de euros por el retraso en las obras, se ajustaba a derecho o la valoración del Ayuntamiento, de unos cuatro millones, era la más acertada.

En cualquier caso, como estaba previsto que esta indemnización debía pagarse, los cuatro millones de euros ya fueron consignados en el presupuesto municipal para este año. Así lo confirmaron desde la concejalía de Hacienda, cuyo responsable, Alberto Bernabé, quiso hacer hincapié en que esta decisión no supondrá un gasto adicional para el Consistorio evitando así tener que acudir al fondo de contingencias.

Desde el Ayuntamiento se explica que ahora lo que queda es establecer un plan de pagos para no tener que desembolsar el pago de una sola vez. El Consistorio confía en poder llegar a un acuerdo con las empresas para establecer qué cantidad se debe pagar por año, atribuyéndola así a ejercicios presupuestarios distintos. El informe del Consejo Consultivo fue dado conocer el lunes durante la celebración de la junta de gobierno, tal y como adelantó el periodista David Cuesta a través de su cuenta en Twitter. En dicha junta también se presentó la propuesta de plan de pagos que se hará llegar a las empresas y que dado el tiempo transcurrido es factible que se llegue pronto a un acuerdo para fijar las cuotas.

La infraestructura del viario del barranco de Santos se abordó en cuatro fases y su coste total superó los 80 millones. Tres de ellas fueron asumidas por el Ayuntamiento con un coste de 51 millones de euros mientras que el resto corrió a cargo del Cabildo de Tenerife. A estas cifras hay que sumar los más de cuatro millones que el Ayuntamiento debe abonar por las expropiaciones que se hicieron y a cuyo pago está obligado por una sentencia.