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Los afectados se movilizarán si la nueva ley no los ampara

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Canarias, el abogado José Luis Langa, anunció ayer que “adoptarán otro tipo de actitudes” si la nueva normativa estatal no les ampara y regulariza su situación legal, ya que, dijo, “no debemos consentir que pueblos costeros donde han vivido generaciones y generaciones de canarios tengan la incertidumbre de so les van a derribar sus casas”.

Langa, que cifró en 150.000 los canarios afectados de alguna y otra manera por la fijación del dominio público marítimo terrestre con efectos retroactivos, dio a entender así que tomarán la vía de las movilizaciones, aunque se mostró “convencido de que al final van a conseguir su objetivo” de fijar la servidumbre de protección en 20 metros, y no en cien.

El abogado no ocultó su decepción por que la nueva ley, aprobada el jueves en el Senado y pendiente ahora del visto bueno del Congreso, no menciona a Canarias. Pero reconoció que una disposición transitoria “abre una puerta” para regularizar núcleos , y para ello los ayuntamientos tendrán que hacer, en tres meses, un censo de caseríos costeros y demostrar que antes de 1988 cumplían requisitos como tener servicios urbanos y un determinado porcentaje edificado, según sean municipios con o sin planeamiento.
Ausencia de un censo

Langa, que defendió que Canarias asuma la competencia de Costas o al menos la cogestión, indicó que el Gobierno estatal le aseguró que ningún núcleo canario ha quedado salvado directamente en el anexo de la ley porque el Ejecutivo autonómico no le remitió ningún censo o catálogo de las poblaciones afectadas.

Preguntado por la decisión del PP de Tenerife de expulsar a su líder y portavoz municipal en Candelaria, José Fernando Gómez, por defender a los vecinos de Cho Vito y criticar a cargos públicos del partido que incumplieron su promesa de no tirar las casas sin realojar a sus moradores, Langa dijo que no podía opinar porque la plataforma es apolítica y es “una cuestión interna” del PP.