Ana Lima: “Cualquier chispa puede acabar con la paz social en Canarias”

Ana Isabel Lima Fernández preside el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, Ana Isabel Lima Fernández preside el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España desde julio de 2006. El Consejo, que representa a unos 40.000 trabajadores sociales, repartidos en 37 colegios, presentó esta misma semana en el Congreso de los Diputados un documento en el que alerta de la preocupación creciente entre la profesión por la desprotección de las familias que derivará de la eliminación de competencias municipales en servicios sociales. Esta preocupación puede poner en peligro la cohesión social, según afirma la propia Lima en esta entrevista con el DIARIO, tras su participación en las III Jornadas de Trabajo Social del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife.

-Acaban de presentar una moción en el Congreso contra las políticas de recortes y su incidencia en los servicios sociales, que según denuncian los colegios profesionales se encuentran actualmente en situación crítica…

“Nuestras alegaciones van enfocadas a lo que compete a los servicios sociales, porque el cuerpo de la ley se refiere a la reorganización de las competencias, pero en la práctica es una ley de recortes y de contención del gasto. Por eso, nos tememos que se pueda desmantelar la red de servicios sociales, tal y como la conocemos ahora”.

-¿Cómo se plasmaría ese desmantelamiento de la actual red de servicios sociales?

“En estos momentos nos encontramos en una situación de emergencia social, porque los recortes están dejando a muchas familias en una situación de desamparo absoluto. Además, la tendencia es negativa, porque cada vez hay más personas vulnerables, sin que los servicios sociales puedan asumir todas sus demandas. Con la nueva ley, los municipios de menos de 20.000 habitantes no tendrán competencias en esta materia, y los de más de 20.000 sólo podrán informar y valorar la necesidad social y atender algunas situaciones de exclusión. Todos los programas de prevención, promoción y atención a la ciudadanía se acaban, así como otros destinados a la pobreza infantil. Tampoco aclaran quién va a financiar todas esas nuevas acciones y políticas, y calculamos que el cierre de muchos de estos servicios puede afectar a miles de profesionales de lo social”.

-¿Cree que todas estas situaciones pueden derivar en conflictos sociales, como estamos comprobando en el caso de los denominados escraches?

“Sí. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que todos estos recortes, y los que problemas que conllevan, pueden derivar en la ruptura de la cohesión social. Están surgiendo nuevos movimientos de acción social que en algunos casos están utilizando tácticas de conflicto. Hay algunos que están bien planteados, pero que pueden derivar en situaciones no deseadas, a los que los trabajadores sociales nos oponemos porque no apoyamos la violencia. Es necesario reformar y hacer cambios legales, pero hay muchas medidas que se están tomando que claramente vulneran los derechos humanos, como así ponen de manifiesto organizaciones como Unicef”.

“Es necesario hacer cambios, pero muchas medidas vulneran los derechos humanos”

-Da la sensación de que ya no se entienden los servicios sociales como un derecho, ¿no cree?

“Cierto. Parece que la gente tiene que perder su dignidad para acudir a una organización benéfica, y precisamente ese es el modelo hacia el que estamos yendo, mucho menos garantista y especializado”.

-Teniendo en cuenta la situación concreta de Canarias, que es una de las comunidades más castigadas por el desempleo y la pobreza, ¿es más probable la aparición de conflictos sociales?

“Sí, pero no todas las situaciones tienen que ver con la situación económica de la región. Por eso, consideramos que la solución no es poner en marcha planes coyunturales y de urgencia para luchar contra la pobreza, porque lo que realmente hace falta son políticas de protección social, ya que la pobreza no sólo se evita a partir de la mejora de la renta per cápita, sino a través de sistemas y acciones concretas que garanticen la sanidad, la educación o los servicios sociales. Todo eso permitirá más integración y fomentará la cohesión social. Si la gente ve que no se hace nada, es fácil que pueda saltar una chispa en España o en Canarias que acabe con la paz social”.

“Cuanto más grave es una crisis, mayores deben ser las respuestas de los servicios sociales”

-En este sentido, quizá la nueva Ley de Servicios Sociales se antoja como un arma fundamental, ¿no le parece?

“Sí, siempre y cuando se desarrolle bien y tenga en cuenta las aportaciones de los profesionales y agentes sociales. Sin embargo, hasta el momento lo único que se ha planteado es la reducción de los servicios sociales a la mera asistencia y beneficencia. Además, entendemos que coarta la independencia y los principios éticos en la valoración de la garantía de los recursos sociales, que la nueva ley quiere hacer que dependan exclusivamente de ONG, que recibirán mucho menos dinero que el que recibían hasta ahora los ayuntamientos”.

-El futuro, por lo que se desprende de sus palabras, pinta poco halagüeño…

“Es verdad, aunque estamos a tiempo de cambiar la situación. En España ha aumentado un 30% la demanda de los servicios sociales públicos y también se ha incrementado en un 60% la demanda en organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. Sin embargo, las redes familiares están atendiendo las necesidades que no cubren las instituciones o las ONG. Se está produciendo un nuevo perfil en la pobreza: familias jóvenes con hijos que se quedan en paro y deben pagar una hipoteca. La clase media sube de posición o, sobre todo, baja y entra en el círculo de la pobreza. Por eso, no nos cansaremos de repetir que cuanto más grave es una crisis económica mayores deben ser las respuestas de los servicios sociales”.