La coartada de la crisis – Por Mario Santana

A finales del mes pasado la Comisión Europea publicó un estudio sobre la situación de la Administración de Justicia en asuntos no criminales. España queda en una situación comprometida, por decirlo suavemente. Mientras que en la gran mayoría de los países comunitarios los jueces tardan menos de 200 días en dictar Sentencia, en España la espera se prolonga de media más allá de los 500 días, plazo que solo superan Grecia, Chipre, Malta y Portugal.

Baste señalar que para resolver el despido improcedente del Sr. Bárcenas, se ha señalado juicio para el 14 de Julio de 2014. Y después habrá que esperar para que se dicte sentencia. Menos mal que en este caso el demandante no depende de la resolución judicial del caso para comer. Pero lamentablemente no en todos los casos se aprecia esta holgura y posibles.
Esta tardanza en resolver los juicios, unida a los nuevos pleitos que los ciudadanos van presentando en el juzgado, tiene como consecuencia un colapso monumental de la Administración de Justicia española. Solo en parte mitigada por el titánico esfuerzo de magníficos profesionales, con un sentido del deber que sobrepasa con creces los límites de sus estrictas obligaciones laborales. Otro tanto cabe afirmar de los profesionales sanitarios o docentes. Al final se trata de un país con magníficos recursos humanos, pero mal gestionados.

Y es que el informe de la Comisión Europea afirma que no hay un problema de recursos financieros, sino de eficacia en el uso de los mismos. Y lo dice literalmente, tal cual.

Pues ya el conejo me enriscó la perra. Al final no es culpa de la crisis, sino de la mala cabeza y faltita de sentido común. Y es que soluciones “haberlas haylas”. Empezando por desjudicializar determinados asuntos, como por ejemplo los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos. Nunca me he explicado que pintan en estos casos un juez, un secretario judicial, dos abogados y dos procuradores. Otra medida es posibilitar el arbitraje. Es decir que en determinados asuntos las diferencias las resuelva un tercero suficientemente preparado técnicamente, sin necesidad de acudir al Juzgado. Y digo posibilitar, que no fomentar el arbitraje que ahora tenemos. Porque efectivamente existe la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, pero en estos diez años de vigencia ha tenido escasa acogida por los ciudadanos. Por no decir nula. Y por algo será.

Pero existen otras medidas. Si ahora resulta que no podemos echarle la culpa a la crisis, debemos buscar soluciones más allá de la dotación presupuestaria: observando cómo lo hacen otros países y escuchando a las personas que trabajan día a día en los juzgados. Y que no buscan un objetivo en las urnas cada cuatro años, sino en sus mesas de trabajo. Que será de ellos cuando superemos la crisis. Ya no tendrán coartada.