Mercedes Roldós, diputada regional del PP, ha alertado del inminente riesgo de colapso sanitario en Canarias, fruto de más de 57.000 pacientes en las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consulta. Considera Roldós que el principal problema de la sanidad en Canarias es la consejera Brígida Mendoza, y que lo mejor que podría hacer por los canarios la consejera de Sanidad sería marcharse a su casa. Roldós repite ese discurso casi como un mantra, en la convicción de que cuanto más lo repita menos va a estar dispuesto Rivero a quitarnos de encima a doña Brígida. No niego que Brígida Mendoza pueda pasar a la historia conventual de esta región como un remedo en materia de Sanidad de lo que Rita Martín supuso en Turismo, pero resulta bastante chusco que los políticos reordenen con tanta ligereza su discurso en función de si están en el poder o en la oposición. Es curioso que el famoso déficit histórico que el PP reclamaba un día sí y otro también por boca de la señora Roldós, hasta el mismo momento en que su partido empezó a gobernar en España, haya dado paso ahora a la consideración por la propia Roldós de que el problema no es tanto de recursos financieros como de gestión.
Eso no es cierto: lo que está ocurriendo con la sanidad no es un problema de gestión: hace ahora un año, el Gobierno de Rajoy aprobó por real decreto una serie de medidas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que -como ocurre cada vez que últimamente se habla de sostenibilidad- supuso detraer 7.000 millones de euros de la sanidad pública. La medida, acompañada inmediatamente de sus correlatos regionales, provocó recortes, jubilaciones, privatización de servicios, el aumento casi instantáneo de las listas de espera y -según han denunciado los socialistas- “la pérdida de la universalidad del sistema sanitario”.
Probablemente, cuando se dice que el sistema ha dejado de ser universal se está exagerando. El problema es que hoy uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo mundial ha universalizado sus crecientes deficiencias. Los socialistas acusan al PP de adoptar medidas cuyo único objetivo es cuadrar el déficit de las administraciones públicas y no garantizar el derecho a la salud. Pero los recortes no los empezó el Estado, los comenzó Cataluña, y los han seguido -con desigual intensidad- la totalidad de las regiones españolas. Y en Canarias, aquejada por un problema de financiación añadido que ahora han olvidado en el PP, está provocando un colapso real del sistema. La señora Mendoza no es responsable de ese colapso. Aunque su manifiesta incompetencia sin duda lo agrava.