X
granadilla/arico>

Denuncian prevaricación en una instalación eléctrica

   

EFE | Granadilla

Torreta eléctrica en el Sur de Tenerife. | DA

Torreta eléctrica en el Sur de Tenerife. | DA

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado una denuncia por presunto delito de prevaricación urbanística en la instalación de torres de energía eléctrica entre el polígono industrial de Granadilla y los alrededores del complejo ambiental de Arico, en el sur de Tenerife. La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido firmada el 2 de abril por la fiscal jefe, Carmen Almendral, y la remite al juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes. El proyecto al que hace alusión la denuncia está promovido por el Cabildo de Tenerife y la compañía Unelco-Endesa y afecta a una zona en la que hay tramos de dominio público marítimo-terrestre, hidráulico y carreteras.

La decisión de la Fiscalía está motivada por unas diligencias preliminares de investigación que se iniciaron tras una denuncia de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) por la posible comisión de un delito en relación con las obras de instalación de torres para el transporte de energía eléctrica entre los dos lugares citados.

ATAN manifestó en su denuncia que la ejecución de esas obras se iniciaron en mayo de 2011 sin contar con la aprobación definitiva, y el anuncio del Cabildo sobre el proyecto se publicó posteriormente, el 20 de junio de dicho año, en el Boletín Oficial de la Provincia. Señala la organización denunciante que el Cabildo no es competente para autorizar dicho proyecto porque la autorización de redes de transporte y distribución de energía eléctrica reside en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, según la ley de regulación del sector eléctrico canario.

También se denuncia que dichas obras no están previstas en instrumento alguno de ordenación y no ha habido constancia de ellas en el planeamiento.

ATAN presentó alegaciones ante el Cabildo tras el anuncio del proyecto, fechadas el 5 de julio de 2011, y también solicitó información a Industria, sin que la haya recibido.

La Fiscalía indica en su escrito que el Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo de Tenerife aportó a las diligencias preliminares una copia del expediente administrativo referente al convenio con Unelco-Endesa para ejecutar una línea de doble circuito de 20 kv (kilovoltios) entre el polígono de Granadilla y las proximidades del complejo ambiental de Arico.

APROBACIÓN DEFINITIVA
El proyecto fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife el 18 de julio de 2011 pero posteriormente, el 26 de septiembre del mismo año, se hizo un cambio de trazado de la línea subterránea como consecuencia de la negativa de Costas a autorizar el paso en una parte del tendido eléctrico.

La Fiscalía alude además a la ausencia de un informe de calificación territorial previa, a los informes técnicos emitidos por los ayuntamientos de Granadilla de Abona y de Arico -que aún no la ha remitido- y a la declaración de impacto ambiental que, según el órgano judicial, es “básica”, lo que no es suficiente ante la entidad del proyecto, que afecta a suelo rústico de protección paisajística. Por ello, pide a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que emita un informe sobre la adecuación del proyecto a la normativa urbanística con una descripción “minuciosa” de las posibles deficiencias o irregularidades que se aprecien en la tramitación del expediente administrativo.

También se requiere al Cabildo de Tenerife para que remita una copia íntegra “literal y auténtica” del expediente administrativo y su reforma, pues hasta la fecha “sólo se ha aportado hasta el folio 570 y se desprende que aún quedan trámites por cumplir”.

Además se pide al Cabildo que remita el informe de viabilidad y adecuación a la normativa urbanística, así como el informe de calificación territorial del proyecto.

Asimismo la Fiscalía pide que se tome declaración “con las garantías legales de la imputación a quienes resultaren responsables de los hechos”.