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El PP tacha de “dictador” al alcalde e irá a los tribunales

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El presidente insular del PP, Manuel Domínguez, anunció ayer que su partido recurrirá en los tribunales de Justicia el nuevo reglamento orgánico municipal de La Matanza si el alcalde, Ignacio Rodríguez (PSOE), no corrige las, a su juicio, ilegalidades que contiene.

El máximo dirigente del PP tinerfeño -que estuvo acompañado en rueda de prensa ofrecida en la sede insular del partido por los concejales matanceros Pedro Carrasco y Rubén Sosa- advirtió de que esta normativa “es propia de un dictador” que usa la “coacción y la mordaza” contra la oposición.

El reglamento prevé, entre otras medidas detalladas por el PP, la potestad del alcalde de multar con hasta 3.000 euros a los concejales por infracciones en los plenos sin especificar los casos sancionables, denegar a los ediles de la oposición expedientes que no sean del actual mandato, prohibir a los concejales no adscritos colaborar en mociones de censura o solicitar plenos extraordinarios, y la necesidad de autorización previa de Rodríguez para grabar las sesiones plenarias.

“Llegaremos al ámbito jurídico que haya que llegar y el PP de Tenerife prestará todo el asesoramiento necesario para no permitir que se aplique ese reglamento”, subrayó Domínguez, quien pidió además el apoyo de todas las fuerzas políticas de La Matanza, con o sin representación municipal.

“LOBO CON PIEL DE CORDERO”
El portavoz del PP en el Ayuntamiento norteño, Pedro Carrasco, acusó al alcalde socialista de “pretender gobernar La Matanza sin control ni fiscalización” por lo que lo calificó de “lobo con piel de cordero, aparentando transparencia pero en realidad es un político sin escrúpulos que intenta perpetuarse en el poder”.

Carrasco se preguntó si la prohibición de participar en una moción de censura a los no adscritos se debe “al miedo del señor Ignacio a que un edil de su gobierno le abandone y pacte con la oposición”.

En esta línea, Sosa lamentó las “trabas” que pone al PP el gobierno municipal, “dando largas” a 20 escritos en los que solicita expedientes, lo que ha llevado a los populares a pedir el amparo del defensor del pueblo. “Sufrimos un apartheid político”, remachó.