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Los recortes pueden dejar a un niño sin la prótesis ocular que necesita

   

ABISAI - PRÓTESIS OCULAR

Abisai lleva casi 10 años empleando una prótesis ocular que ahora sus padres no pueden pagar. / JAVIER GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Cuando tenía un año, Abisai empezó a perder la visión en su ojo izquierdo. Poco después le diagnosticaron que padecía el síndrome de Coats, una rara enfermedad causada por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina. A los tres años, y tras no responder al tratamiento, el pequeño perdió el ojo, por lo que le implantaron un vástago y una prótesis ocular. Desde entonces, el Servicio Canario de la Salud (SCS), merced a los fondos que recibía del Estado, pagaba tanto los traslados a la Península como el implante de Abisai, que ahora no pueden costear sus padres.

Y es que, desde que en abril de 2012 entró en vigor el Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), pacientes como Abisai deben asumir parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. El porcentaje de aportación del usuario se rige por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo el precio final del producto sin que se aplique límite de cuantía a esta aportación.

De este modo, la cuota del paciente será proporcional al nivel de renta, que se actualizará anualmente. Así, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo del 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros. En el caso de Abisai, de los cerca de 2.000 euros que recibía para tratarse en una clínica especializada de Madrid, el SCS solo puede ofrecerle ahora un máximo de 576, por lo que aún necesitaría los 1.450 que cuesta la adaptación de la lente esclero corneal que necesita su ojo izquierdo. Sus padres, actualmente en paro, se han reunido con Alberto Talavera, director del Área de Salud de Tenerife, quien les ha manifestado que no puede hacer nada por ellos, más allá de la financiación del traslado o de la posibilidad de que el niño sea tratado en Canarias. Una opción que no solo rechazan los progenitores de Abisai, también los médicos del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que lo tratan desde hace años. No en vano, este periódico ha tenido acceso a un informe firmado por el jefe de dicho servicio, Miguel Ángel Serrano, donde recomiendan que el chico “sea enviado nuevamente para su revisión y posterior adaptación, ya que las prótesis realizadas en el centro concertado en Tenerife no son del agrado del paciente ni de este Servicio de Oftalmología”. Y si se decide enviar al paciente a otro centro, este “debe hacerse responsable de los problemas derivados de dicha prótesis”, subrayan los especialistas.

“Varias de las clínicas a los que nos deriva el Servicio Canario de Salud nos han dicho que no realizan estas operaciones”, exponen a este periódico los padres de Abisai, Susi y José Antonio, quienes dejan claro que “se trata de una necesidad, no un capricho”. Su demanda, además de contar con el beneplácito de los oftalmólogos del hospital, también está respaldadas por el Servicio de Psiquiatría del HUC, que expone que desde que en octubre de 2012 se remitiera al paciente para el tratamiento de su afección ocular a una clínica de Canarias, la reacción del menor ante este cambio fue “nefasta”, con “reducción del rendimiento escolar, insomnio, ansiedad y síntomas afectivos relacionados directamente con el cambio propuesto”. Las quejas de los padres de Abisai, no obstante, van más allá, porque consideran que desde el SCS se está paralizando incluso el traslado de su hijo. “Su expediente se ha perdido en el hospital, mientras que hay otros de menores que tienen que desplazarse para ser tratados en la Península que ya se han firmado”. “Esta nueva ley es injusta. Hay muchos menores y adultos afectados por estos recortes en el Archipiélago, lo que a muchos incluso les está generando graves problemas físicos y psicológicos”.

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El SCS paga 46.000 euros por lesionar a un paciente

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 46.000 euros a un paciente al que le seccionaron la vejiga durante una operación de una hernia inguinal en un centro concertado de la Isla.

La sentencia, contra la que cabe recurso, considera probado que ese paciente fue operado de una hernia inguinal en el Hospital San Roque Maspalomas (Gran Canaria), en una intervención durante la cual sufrió una lesión en la vejiga urinaria que lo mantuvo de baja durante dos meses y le dejó una cicatriz antiestética en el abdomen.

El SCS rechazaba pagar indemnización alguna, porque consideraba que lo ocurrido era un riesgo asumido por el paciente al consentir el tratamiento quirúrgico al que fue sometido. Sin embargo, la juez discrepa de ese criterio, porque no observa en documento alguno, en el expediente aportado por el SCS, que “pueda ser seccionada la vejiga urinaria como un riesgo o consecuencia posible de una intervención quirúrgica de hernia inguinal”.

La sentencia reconoce que no se puede determinar si lo que le ocurrió a este paciente fue consecuencia una mala praxis médica o de un simple accidente, pero insiste en que, en cualquiera de esos dos supuestos, “no es consecuencia ordinaria de la intervención”.

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