Rodríguez (PP), ante el juez por el gasto elevado de su móvil municipal

El concejal Luis Miguel Rodríguez (PP) se negó a hacer declaraciones al salir de los juzgados. | MOISÉS PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Mutismo absoluto el del concejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez (PP), quien declaró ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad turística, por el gasto de unos 9.634 euros durante 2011 en llamadas telefónicas y uso de internet a través de su móvil municipal.

La denuncia fue presentada el 29 de octubre del año pasado por la Fiscalía Provincial por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. El asunto fue desvelado inicialmente por el grupo de la oposición Vecinos por el Puerto (VxP).

El origen de esta acción de la Fiscalía parte de una denuncia de Izquierda Unida Canaria (IUC) a nivel insular tras una discusión surgida en un programa radiofónico entre el concejal de dicha formación política en Los Realejos, Jonás Hernández, y Rodríguez acerca de dicho gasto.

El edil portuense entró en los juzgados pasadas las 10.00 horas y luego de permanecer casi dos horas salió sin decir ni una palabra y evitó hacer declaraciones.

Quien sí lo hizo fue el abogado de IUC y coordinador en Tenerife, José Pérez Ventura: “Luis Miguel Rodríguez se negó, por consejo de su abogado, a responder a las preguntas que le hicimos como acusación particular y a otras de la jueza en relación a determinados números de teléfono que se repetían en horas intempestivas y en días festivos y domingos, algunas de hasta una hora y media de duración, que no parece que tengan una relación clara con la función pública”, explicó. Rodríguez recurrió la providencia de la jueza que ordena a la compañía telefónica facilitar la identidad de los titulares de esos números.

Respecto a la factura telefónica, detalló que entre el 18 de mayo y el 17 de junio de 2011 el consumo fue de 1.500 megas, cuando lo normal era que oscilara entre 200 y 300, que se traducen en unos 1.500 euros de facturación por este concepto. A ello hay que sumarle las llamadas de larga duración y con números recurrentes.

“El concejal de Empleo y Recursos Humanos no dio una respuesta satisfactoria. Ha dicho que lo hará una vez que se resuelva el recurso. Y nosotros creemos que era hoy (por ayer) cuando procedía hacerlo”, dijo.

El abogado subrayó que la ciudadanía “tiene derecho a saber el uso que se hace de sus recursos. Y por lo tanto, lo mínimo que se le puede pedir es que ofrezca una explicación, más aún, si no hoy nada que ocultar. Es una cuestión de transparencia”.

El concejal ya reintegró 6.000 euros para ajustarse al consumo promedio del resto de miembros de la corporación. Sin embargo, la Fiscalía entendió en su denuncia, e IUC comparte ese criterio, “que ello significa reconocer una utilización indebida del teléfono. Que lo hiciera antes de que se iniciara el procedimiento penal no lo exime de su responsabilidad aunque sí podría ser un atenuante en el momento de celebrarse el juicio”, puntualizó.

Respecto a fechas, Pérez Ventura sostuvo que “desgraciadamente la justicia es lenta, más en este tipo de delitos” y, por lo tanto, la celebración del juicio puede tardar más de un año.

José Pérez Ventura. | MP

[apunte]“Brito será cómplice si no lo destituye”
“Luis Miguel Rodríguez debería presentar la dimisión al margen de las responsabilidades penales, porque es claro y evidente que es un consumo desproporcionado y que se hace incumpliendo las propias medidas de ahorro que él votó a favor, además de exigirle a los trabajadores municipales un sacrificio que él no hace”, declaró ayer el abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura.

“Ha incurrido en términos de responsabilidad política, en una conducta impropia que justifica que renuncie o sea destituido por el alcalde, Marcos Brito. Deberá ser este quien valore si le conviene tener como concejal a un señor denunciado por posible malversación de caudales, y si no lo hace, se convertirá en una especie de cómplice que los ciudadanos no se merecen”, opinó el letrado.

Sin embargo, Brito entiende que lo ocurrido no es motivo para destituirlo: “Creo que esta decisión le corresponde al PP”, partido al que pertenece Rodríguez, que gobierna en el consistorio gracias a un pacto con CC.

“Al haber un pacto deben estar de acuerdo las dos partes y en este caso, ambas han entendido que no hay motivos para hacerlo”, sentenció.[/apunte]