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Casi 200.000 empleados isleños, a punto de quedarse sin convenio

   

Paulino Rivero, durante la reunión con su Consejo Asesor, en el que están sindicatos y empresarios. | DA

Paulino Rivero, durante la reunión con su Consejo Asesor, en el que están sindicatos y empresarios. | DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El próximo 7 de julio en torno a 200.000 trabajadores canarios pueden verse privados de tener convenio colectivo por lo que sus contratos quedarán afectados directamente por la reforma laboral y se regularán, por tanto, por el Estatuto de los Trabajadores, sin ninguna mejora añadida.

Así lo advirtieron ayer los secretarios generales de UGT y CC.OO, Gustavo Santana y Juan Jesús Arteaga, al término de la reunión del Consejo Asesor del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, a la que asistió también la cúpula dirigente de las patronales CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas.

Santana cifró en más de 200 los convenios sectoriales y provinciales cuyo periodo de “ultractividad” acaba en julio, de modo que “si no se renegocian, a los trabajadores afectados se les aplicará la reforma laboral pura y dura, y quedarán en un desamparo absoluto”.

En esta línea, Arteaga previno de que “esos miles de trabajadores están abocados a empezar de cero a la hora de negociar y concretar sus condiciones de trabajo”, un hecho que, añadió, “por sí solo es motivo de una huelga general”. El dirigente de CC.OO. hizo por ello un llamamiento a la patronal para hacer “un gesto o un acto de responsabilidad” con la negociación colectiva, de forma que la mayor parte de los convenios “se puedan salvar antes del 7 de julio”, pues, de lo contrario, “habrá un grave retroceso y un problema muy grave en el mercado laboral canario”.

Tanto UGT como CC.OO. coincidieron en criticar la falta de respuesta de los representantes de la patronal ante este problema cuando ayer se lo expusieron en el Consejo Asesor. “La concertación social está bajo mínimos, hoy no hemos recibido ninguna respuesta ante los convenios colectivos bloqueados”, afirmó Arteaga, mientras que Gustavo Santana lamentó que ayer “los empresarios no se dieran por aludidos”.

Sobre la futura medida legislativa para frenar los desahucios hipotecarios en Canarias, otro asunto tratado en el Consejo Asesor, los sindicatos mostraron su respaldo, si bien CC.OO. subraya que sólo se aplicará al 10% de las familias desahuciadas, “pero apoyamos que hay que favorecer a los más débiles”.

Ningún directivo de CEOE-Tenerife o de la CCE compareció ante los periodistas que aguardaban en la sede de Presidencia para dar a conocer la versión de la patronal sobre los asuntos debatidos ayer en el órgano asesor de Paulino Rivero.

Economía sumergida
El Gobierno de Canarias expuso ayer su borrador del plan contra la economía sumergida a empresarios y sindicatos con el fin de que afloren los puestos de trabajo . A su salida de la reunión del Comité Asesor del presidente del Ejecutivo regional, la directora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, destacó que el objetivo de esta iniciativa es mejorar la “coordinación” entre la Inspección de Trabajo y el propio Ejecutivo autonómico, así como que las actuaciones contra el fraude se hagan de manera “proporcionada”. En este sentido, sostuvo que “no es lo mismo un empresario que contrate por 4 horas y el trabajador esté empleado 8 o 10, que una persona que está escapando como pueda ganado 300 o 400 euros”. “El ánimo es que el empleo aflore y no se pierda, y por eso hemos dado un paso adelante”, añadió, antes de insistir en que la economía sumergida afecta a los trabajadores porque están en una situación “más vulnerable” y también a los empresarios, porque se enfrentan a la “competencia desleal”. En marzo, la consejera de Empleo, Francisca Luengo, estimó que la economía sumergida representa el 28% del Producto Interior Bruto (PIB) canario, lo que supone 11.700 millones de euros y afecta a 125.000 empleos.