Desalojan una mujer de una vivienda de Visocan en Finca España

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Tras ser desalojada, la vivienda fue tapiada. | @PahTenerife

Reportaje fotográfico de ÓSCAR MARTÍN

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) desalojó este martes a una mujer que hace aproximadamente un año ocupó una vivienda de protección oficial en Finca España. Era la segunda ocasión que esta empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias ponía fecha a la salida forzosa de Rosario Galván García , después de que en la primera ocasión, el pasado 6 de mayo, el Ayuntamiento de La Laguna mediara en el caso para paralizar el desalojo.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Tenerife convocó a sus simpatizantes frente al domicilio de la mujer (Pasaje Ancor 2, paseo peatonal, portal 6) para mostrar su apoyo a a la afectada e itentar que Visocan paralizara nuevamente el desahucio, pero no pudo evitarlo.

La propia afectada asegura que no cuenta con ingresos ni cobertura familiar para mudarse a otra vivienda. La propuesta realizada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, ofreciéndole ayuda para mudarse a otra casa en régimen de alquiler, es inasumible por su parte, ya que no dispone de dinero para hacer frente a las mensualidades ni capacidad para conseguir avalistas.

En una rueda de prensa, la PAH recordó que este caso fue hecho público hace dos semanas cuando desde la plataforma se instába al Gobierno de Canarias a que paralizara los desahucios administrativos y que se sumara a las medidas de Andalucía para proteger la función social de la vivienda. Rosario fue denunciada por su propia trabajadora social, quien puso en conocimiento de Visocan que había ocupado la vivienda, interponiendo posteriormente la empresa pública una denuncia por usurpación violenta de bien inmueble.

Tramitar las ocupaciones por juzgado administrativo no por lo penal

Lamentaron que “una vez más queda demostrado que Visocan sigue desahuciando a personas sin recursos, ejerciendo la fuerza, aplicando todas las herramientas de poder a su alcance, de forma abusiva, criminalizándolas por el hecho de carecer de medios para acceder a un techo y tratándolas como a delincuentes”.

A continuación denunció la detención sufrida por Rosario el pasado 30 de abril, cuando agentes de la Policía se personaron en su domicilio y la llevaron a los calabozos esposada “como si de una criminal se tratara”, siendo puesta el libertad provisional sin fianza, tras ocho horas de retención.

Desde la PAH Tenerife exigió por escrito al Gobierno de Canarias que, al menos, tramite las ocupaciones por juzgados de los contencioso-administrativo, como el resto de instituciones, y no por lo penal, para dejar al desahuciado con antecedentes. “Se queda tirada en la calle y encima con una multa imposible de pagar o condenadaa directamente a pena de prisión por un crimen que comete el Gobierno con ella y no al contrario”, aseguró Inma Évora.

“Ni Rosario, ni nadie, es una criminal por ocupar una de las 364 viviendas públicas que tiene vacías y tapiadas el Gobierno de Canarias, criminal es el Gobierno de Canarias por dejar casas sin gente y gente sin casas”.

“Si no fuera por la presión de la PAH Tenerife, no se hubiera paralizado el desahucio de una familia por impago de alquiler que el juzgado tenía programado hasta ayer mismo para el día 13, a solicitud de la empresa pública Visocan este 2013 pese a que la consejera Inés Rojas decretó en 2012 paralizarlos”, prosiguieron.

Los miembros de PAH Tenerife se mostraron “hartos del cinismo e hipocresía del Gobierno de Canarias que tramita un proyecto de Ley contra los desahucios propuesto por la PAH, pero sin contar con nosotros, y por otro mientras echa a la calle a familias de casas públicas”.

Unas horas más tarde, la Plataforma denunció en las redes sociales que Visocan ordenó tapiar la puerta pública que fue desalojada por Rosario, cuando la empresa pública argumentó que en la vivienda sería ocupada “urgentemente” por una familia con hijos. ¿Por qué la tapian como las demás si el realojo va a ser inmediato? se preguntó la portavoz Inma Évora.

La coordinadora recordó que en el mismo bloque de Viviendas Públicas Oficiales de Finca España del que acaban de echar a Rosario hay multitud de viviendas públicas vacías por lo que no había ninguna justificación para desahuciar a esa vecina.

@PahTenerife" src="http://www.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2013/05/vivienda-tapiada.jpg" width="610" height="450" /> Tras ser desalojada, la vivienda fue tapiada. | @PahTenerife

Corrales considera indignante que Gobierno, Ayuntamiento y Visocan dejen tirada a una familia
en la calle

El concejal de Izquierda Unida-Por Tenerife-verdes (IU-XTF) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, consideró indignante el desalojo que este martes ha realizado el Gobierno de Canarias en Finca España, que demuestra como una administración pública (Gobierno canario, Ayuntamiento y Visocan) deja tirada a la intemperie a una familia.

“Con la mano izquierda, un proyecto de Ley contra los desahucios, por cierto, propuesto por la PAH Tenerife pero no les dejan participar en su elaboración, y con la derecha, Visocan, la empresa pública del Gobierno de Canarias, desahucia a personas como Rosario a la que dejan en la calle sin ninguna alternativa”.

La orden de desalojo deja claro que es por motivos económicos, señalando textualmente que “es por falta de pago”, lo que deja en evidencia que las administraciones publicas permiten que personas indefensas queden en situación de total desamparo.

Corrales, que estuvo presente apoyando la protesta de la PAH, lamenta que ningún concejal lagunero ni el alcalde mostrasen el mínimo interés o respaldasen la acción de Stop desahucios del día de hoy para parar el desahucio para darle una solución a Rosario”.

Al concejal santacrucero le indigna que “se deje en la fría calle a familias” y que el Gobierno central del PP y el canario de CC-PSOE con total impunidad apoye y rescate a la banca y a los especuladores ¿y a la gente, a los que sufren estos inmorales avisos de desahucios, a ellos, quién les rescata?”.

“No se puede permitir la manipulación del lenguaje y que un Gobierno criminalice a una persona por ocupar una de las, al menos, 364 viviendas públicas que Visocan tiene vacías, muchas tapiadas, porque es eso lo que convierte al Gobierno, precisamente en criminal, y a Rosario en víctima”.

Además, Corrales recuerda que “no es el único desahucio que todavía quiere llevar a cabo Visocan y que si no fuera por la intervención de la PAH Tenerife, ayer lunes 27 de mayo, el Gobierno de Canarias no hubiera dado marcha atrás a un desahucio programado en el juzgado para el próximo 13 de junio por una ridícula deuda de alquiler social inferior a 600 euros; un escándalo que demuestra que la consejera de Viviendas del Gobierno canario miente, y no se pone ni roja”.