Echando una mano – Por Jorge Bethencourt

Cconsuela saber que hay alguien pensando al otro lado del muro que separa a los que pagan de los que cobran. Es el tipo de pensamiento de los que decidieron subir treinta impuestos en 14 meses para lograr el meritorio resultado de una caída de la recaudación tributaria a niveles anteriores a 2007. El mismo proceso neuronal de los que han aprobado una ley que prohíbe alquilar los apartamentos de particulares a los turistas, entre aplausos alborozados de las grandes cadenas hoteleras. El mismo chispazo de las dendritas que nos bendice ahora con una nueva normativa del Consejo de Ministros de los Viernes de Dolor, por la que para alquilar una vivienda es necesario tener un certificado de “eficiencia energética” que deberá ser emitido por un experto debidamente acreditado y pagado por un ciudadano debidamente exprimido. Las fórmulas para ordeñar al personal están alcanzando niveles realmente sofisticados. La nueva paria supone que cuando alguien quiera alquilar una vivienda habrá de contar con un informe sobre el consumo de energía en el que podrán incluirse “recomendaciones” para mejorar el comportamiento energético del piso. El informe será obligatorio y costará entre 200 y 300 euros. Y la multa, por no tenerlo, podrá oscilar entre los 300 y los 6.000 euros. Los edificios tendrán que exhibir una etiqueta acreditando que han pasado el examen y, si no se cuenta con el certificado, el contrato de alquiler que se hubiera hecho podría ser nulo. No sé muy bien qué relación existe entre hacer pagar a un prójimo 300 euros por conseguir un certificado y ahorrar energía. Igual es que las viviendas se acojonan ante los informes y dejan de disipar calor. Como se sabe, en Canarias nieva mucho y a temperaturas inferiores a los menos veinte grados (típicas de los inviernos árticos de Guamasa) las casas que están mal aisladas pierden mucho calor por las juntas del cigotillo. Según el Gobierno, se trata de adaptarse a la normativa europea. Aunque no nos adaptemos en materia de salarios, por algo se empieza. Según cualquiera que lo vea desde el lado donde se paga, esto es otra manera de sacarnos las perras. Desde las inspecciones de los coches hasta los certificados de residencia, desde pagar obligatoriamente por un DNI obligatorio hasta esta original y energética clavada, todo lo que se piensa está orientado a exprimir como un limón a los sufridos contribuyentes que ya no saben la profundidad de sus bolsillos. Este país, que vende la residencia a razón de quien compre una casa por más de 500.000 euros (es de suponer que con certificado de eficiencia energética), lleva camino de convencer a sus ciudadanos de que la única manera de sobrevivir a los que gobiernan es regresar a la época del trueque.

@JLBethencourt