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La nueva Ley de Costas obliga a justificar los núcleos ya urbanos

   

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Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas. | DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La nueva Ley de Costas obliga a las administraciones públicas canarias a justificar los núcleos del litoral que ya están delimitados o clasificados como suelo urbano, donde la servidumbre de protección del dominio público se fija en 20 metros,y esperar a que el Ministerio de Medio Ambiente dé el visto bueno en 18 meses.

Así consta en una disposición transitoria de esta normativa, recién aprobada en las Cortes, y sobre la que ayer el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, dijo que “empeora” la situación de los afectados por la anterior ley en Canarias, y les deja en “una mayor inseguridad jurídica”. A su juicio, esta disposición transitoria, introducida por lo senadores del PP, “ es un churro de tal calibre que se contradice tres veces, y deja las cosas peor de lo que estaban”.

En tal sentido añadió que “el colmo del disparate” es que no se podrán autorizar nuevas viviendas en las áreas que se reconozcan como urbanas y subrayó que “lo más grave de todo” es que a los ya declarados como tales en el planeamiento se le aplique esta ley con retroactividad . Por ello, reiteró que el Gobierno canario recurrirá esta legislación ante el Tribunal Constitucional porque nace con “gravísimos visos de inconstitucionalidad”, vulnera competencias de autonómicas y el principio de igualdad entre españoles -ya que salva 12 zonas urbanizadas en el resto de España-, y es retroactiva”.

Tan convencido está el consejero de lo mala que es esta nueva norma que apuntó que si él fuera un afectado y estuviera en zonas ya reconocidas como urbanas por el planeamiento, presentaría un recurso judicial para que el juez solicite una cuestión de inconstitucionalidad ante el referido tribunal estatal.

El consejero criticó que el PP no salvara ningún poblado del litoral canario en razón de sus valores etnográficos, y negó el insistente argumento, usado por los populares, de que el Gobierno canario no entregó al Ejecutivo central un censo de sitios afectados. “El Estado ni nos consultó ni nos escuchó, y además el Ministerio tiene ya identificados todos y cada uno de los núcleos costeros canarios”, remachó Berriel.