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Canarias castigará las casas vacías

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El mismo día que entraba en vigor la nueva Ley Hipotecaria, aprobada en las Cortes por el PP con el único apoyo de UPN, el Parlamento canario acordó ayer, sin el apoyo de los populares, instar al Gobierno de Rajoy a que modifique esa normativa para que, entre otras medidas, recoja la dación en pago, de modo que baste con entregar una vivienda para liquidar una hipoteca .

La propuesta partió del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), y contó además con el apoyo del PSOE, Nueva Canarias y PIL, y el rechazo del PP, que fracasó en su intento de sustituir el texto aprobado por otro que consistía en “complementar” la recién reformada ley estatal, “en especial” en lo referido a “los colectivos especialmente vulnerables”.

Pero no todo fue un tirón de orejas a Rajoy, pues también se pidió a Paulino Rivero que saque adelante con urgencia el anunciado proyecto de ley contra los desahucios y asegurar “la función social” de la vivienda. Se insta también al Gobierno regional a favorecer “la movilización”, es decir, la puesta en el mercado, de las viviendas vacías propiedad de empresas como inmobiliarias y bancos con el fin de “garantizar el acceso a una vivienda digna”. Para ello se adoptarán “incentivos y penalizaciones”.

Además, se pide al Gobierno canario que “continúe” con la política de no desahuciar por impago de alquileres debido a la crisis en pisos de protección oficial de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias y del Instituto Canario de la Vivienda.

También se solicita la elaboración de un registro público de casas deshabitadas, así como agilizar trámites para recuperar las de protección oficial vacías para rehabilitarlas y ponerlas a disposición de los ayuntamientos, con miras a que puedan entregarse a personas desahuciadas.

Al Gobierno de Rajoy, el Parlamento autonómico le insta a que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria no solo para incluir la dación en pago, sino para frenar los desahucios por ejecuciones hipotecarias y establecer un alquiler social a favor de los ocupantes, cuando el impago sea por motivos de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Igualmente, la Cámara regional reclama que se modifique el decreto ley 27/2012 sobre esta materia para que beneficie también a otras “miles de familias gravemente afectados por este problema” y que han quedado fuera de su aplicación, en especial, con menores a su cargo, independientemente de su número, así como la inclusión de las personas mayores, siempre que vayan a ser desalojados de su única vivienda en propiedad y sus ingresos no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, el Parlamento autonómico quiere que esta normativa se aplique con efecto retroactivo para que puedan acogerse a ella personas desahuciadas antes de su entrada en vigor.

Durante el debate, el portavoz socialista, Manuel Fajardo, apeló tanto al Gobierno canario (en el que cogobierna su partido con CC) y al estatal (PP) a “acabar con las injusticias y los abusos” con las hipotecas, pues consideró que ya es hora de “rescatar a los ciudadanos, porque ya se ha rescatado a la banca”.

Rotundo no de PSC y nacionalistas a la anunciada reforma de la ley del aborto

El pleno del Parlamento canario rechazó ayer que se modifique la vigente ley del aborto para hacerla más restrictiva, posibilidad planteada por el Gobierno central que, según todos los partidos menos el PP, no es una prioridad ciudadana y restringe el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.

La proposición no de ley fue planteada por Nueva Canarias, cuya diputada Carmen Hernández mostró su “sobresalto” ante la contrarreforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para restringir un derecho conquistado por la sociedad, informó Efe. “Es una auténtica temeridad y la idea de volver a ver a mujeres sentadas en el banquillo preocupa a todos”, arguyó Hernández, para quien las restricciones legales no reducen los abortos, sino que los transforma en clandestinos y arriesgados para las mujeres que no pueden costearse viajes al extranjero.

En la proposición no de ley el Parlamento se pronunció a favor de la maternidad libremente decidida y rechaza cualquier injerencia en ese derecho de ninguna moral religiosa.

Milagros Bethencourt (PP) justificó el rechazo de su grupo a esta propuesta parlamentaria en que aún no hay un proyecto legislativo al respecto. En su opinión, en el aborto se contrapone el derecho de la mujer a su maternidad y el derecho a la vida. A su juicio, “la vida en gestación no es un bien disponible de la mujer, y el derecho a la vida es el primer derecho fundamental”. Dolores Padrón (PSC) cree que el ministro quiere, “como en los regímenes totalitarios” imponer sus criterios sobre decisiones personales. Flora Marrero (de CC) se confesó católica pero está a favor del derecho a abortar.