DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Tras la ofensiva política contra los desahucios indiscriminados, el Gobierno de Canarias emprende ahora la reforma de la ley, de 2007, que regula la prestación de inserción social con la intención de adaptar el perfil de los beneficiarios a la actual situación de crisis. Esto significa la ampliación de la ayuda a los colectivos “en riesgo” de exclusión social.
La consejera Inés Rojas comunicó ayer a sus compañeros del Ejecutivo que ha presentado un informe al Consejo de Servicios Sociales que recoge los pilares de la estrategia canaria contra la pobreza y avanzó que la redacción del plan estará terminada “dentro de tres semanas”.
El empleo social (en colaboración con los ayuntamientos), la atención a la infancia (comedores escolares en verano) y la vivienda (alquileres y freno a los desalojos por razones económicas) son otros de los fundamentos de esta iniciativa.
El 25 de abril, el Parlamento aprobó una proposición no de ley (PNL) promovida por los nacionalistas y los socialistas en la que se instaba al Gobierno regional a impulsar un “pacto político y social”, con carácter de urgencia, para garantizar la cohesión social y se emplazaba al Ejecutivo de la nación a crear un fondo de emergencia de 1.000 millones de euros para las familias pobres.
Los mismos grupos habían rechazado dos meses antes una PNL de Nueva Canarias en la que se proponía la elaboración de un “plan de choque contra la pobreza y la exclusión social para que la gente pueda comer, pagar el agua o la luz”. El propósito era “mejorar la financiación de políticas sociales, aumentar las ayudas de emergencia social, incrementar la financiación de la prestación de inserción y disponer de un fondo específico para afrontar el aumento de la pobreza y la exclusión social”. Entonces, los diputados de CC-CCN-PNC y del PSOE votaron en contra por “defectos de forma”.
En consonancia con el decreto ley sobre el derecho a la vivienda, que inspiró al Gobierno canario, la Junta de Andalucía ha aplicado unas “medidas extraordinarias y urgentes para la Lucha contra la exclusión social para la que se destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros. En las Islas, sin embargo, no se sabe con cuánto dinero se va a contar para esto.
Conforme a la ley vigente, la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirá un “programa presupuestario de carácter transversal en los distintos departamentos competentes” para la ejecución de estas actividades.
La Consejería de Servicios Sociales evaluará cada año el grado de cumplimiento de los objetivos, de la que rendirá cuentas al Gobierno, que a su vez informará al Parlamento y a los ayuntamientos.
El reglamento condiciona la percepción de la ayuda económica básica a la realización de actividades de inserción por los receptores.
Fondo de préstamos a pymes. El Consejo de Gobierno ha aprobado la dotación de un fondo de préstamos para la promoción de proyectos empresariales de innovación dotado con 20 millones de euros. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 autorizan al Ejecutivo a crear fondos e instrumentos financieros necesarios con la finalidad de promover el desarrollo de proyectos empresariales y de iniciativa pública y colaboración con la iniciativa privada en los ámbitos de renovación turística y ocio. A ello se añaden proyectos empresariales y de colaboración en los ámbitos de la innovación, investigación y desarrollo. Se promoverán, asimismo, proyectos empresariales en los ámbitos del autoconsumo y la eficiencia energética. Esta provisión se orienta a la financiación específica de proyectos innovadores.