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Santa Cruz destina 171.000 euros al cerramiento del ‘mamotreto’

   

MAMOTRETO TERESITAS SANTA CRUZ

El edificio se encuentra en un estado de absoluto abandono; por eso, se procederá al sellado de todas las instancias. / FRAN PALLERO

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Más de siete millones de euros lleva invertido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el conocido como mamotreto, edificio ubicado en la playa de Las Teresitas inicialmente destinado a ser un aparcamiento y que está pendiente de una resolución judicial para saber si finalmente será derribado. Al menos esa es la cantidad que el edil de IU-XTF, José Manuel Corrales, aseguró que se ha gastado el Consistorio y el motivo por el que se ha decidido proceder al cerramiento y clausura del inmueble para así evitarse los 30.000 euros mensuales que le cuesta a la ciudad la seguridad del mamotreto. Dámaso Arteaga, concejal de Obras y Servicios Públicos, confirmó ayer a Corrales, durante la comisión de control municipal, que efectivamente la junta de gobierno local ya ha dado el visto bueno para llevar a cabo el proyecto con un presupuesto de 171.000 euros.

Según detalló Arteaga “se trata de garantizar la seguridad del edificio así como impedir el acceso a las personas”. “Todo lo que ocurra allí es responsabilidad del Ayuntamiento así que tenemos que extremar las precauciones”, recordó el edil.

Además de llevar a cabo las actuaciones en el mamotreto también se procederá, según detalló el concejal de Obras y Servicios, “a adecentar el acceso a la playa y los alrededores”. Concretamente se procederá complementariamente al desbroce, limpieza, nivelación, rasanteo y perfilado de las superficies libres tanto en el perímetro de la edificación principal como en la zona paralela al viario. Arteaga apuntó que ya la Dirección General de Costas había dado su autorización para hacer estas actuaciones.

EXPEDIENTES PRESCRITOS

Dámaso Arteaga también fue el responsable de informar sobre el estado del expediente sancionador a Sacyr Vallehermoso sobre el que preguntó el concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila. Arteaga señaló que el próximo 3 de junio se acaba el plazo para concluir el informe y presentar una propuesta de resolución en firme. “El pasado 16 de abril Sacyr presentó las alegaciones y en vista de ellas los técnicos están trabajando para cerrar el expediente”. Según el edil, entre los argumentos de la empresa que gestiona el ciclo de agua de Santa Cruz está la de que muchos de los expedientes ya han prescrito por lo que no se les puede sancionar.

Dámaso Arteaga detalló que son 13 los contratos en los que se considera que se ha incumplido el pliego del contrato y por los que se propone una multa de 240.000 euros. Además, “los técnicos no han encontrado ningún motivo para resolver el contrato y teniendo en cuenta lo que supondría hacerlo, el pleito más grave de los últimos 30 años, tenemos que ser extremadamente cautelosos”.

MENOS AFECTADOS

Fuera de ordenación. La concejal del PP, Ana Zurita, pidió al concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, que localizará las 57.000 personas que dice el Ayuntamiento están afectadas por el fuera de ordenación, una respuesta que no obtuvo ya que Martín insistió en la cifra oficial. Ana Zurita argumentó que, usando los datos de población, la realidad es que “son 24.000 las personas afectadas”. Añadió la edil que si fuera verdad la cifra oficial, “toda la zona centro estaría en fuera de ordenación”.

Avances del PGO. José Ángel Martín fue el encargado de responder a Ciudadnos de Santa Cruz sobre la situación del Plan General de Ordenación sobre el que confirmó que ya se ha enviado el informe solicitado por Aviación Civil. En cuanto a su tramitación en la Cotmac reconoció que se ha ido respondiendo casi semanalmente las aclaraciones solicitadas. También respondió al PP sobre el Plan Especial del Puerto del que dijo que se presentará a final de mes.

Sin competencias. Guillermo Guigou preguntó por las acciones del Ayuntamiento tras conocerse el segundo informe que relaciona insuficiencia cardíaca con la actividad de la refinería. Yuri Mas, edil de Medio Ambiente, respondió afirmando que no tenía el informe y solo lo conocía por la prensa. Añadió que no tiene competencias en el asunto para tomar medidas y avanzó que ha pedido al Gobierno canario un informe para conocer el coste del cierre de la refinería tinerfeña.