Se retrasa otra semana el anteproyecto antidesahucios

La consejera Inés Rojas, junto al portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero. / ÓSCAR MARTÍN

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Dos semanas después de cumplirse el plazo inicialmente previsto, aunque nunca fijado oficialmente, la aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de Vivienda de Canarias (2003) ha vuelto a posponerse. Como esta semana no se reúne el Consejo de Gobierno, habrá que seguir esperando.

El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOC) anunció en su edición del miércoles que se somete a información pública el borrador de la iniciativa para evitar desahucios en situaciones de exclusión social. El texto estará disponible durante veinte días en el portal de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. En este periodo, se podrán presentar en cualquiera de las sedes del Instituto Canario de la Vivienda y de la consejería alegaciones, observaciones o sugerencias.

Sin embargo, los preceptivos pero no vinculantes informes del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social (CES) se solicitarán formalmente solo cuando exista el anteproyecto de ley como tal. Mientras tanto se realizan diversas consultas con los agentes socio-económico implicados y los servicios jurídicos del Gobierno regional trabajan a marchas forzadas. La intención del Ejecutivo es que la ley esté vigente en septiembre. El 23 de mayo se colocó la primera piedra con la certificación de la lista de evaluación para la tramitación del anteproyecto. Se trata de un estudio para actualizar la regulación legal de la vivienda en las Islas, “de manera que se atienda su función social y se asegure su uso efectivo para fines residenciales”. Así, “se pretende atender a las personas necesitadas de una vivienda y a aquellas más vulnerables”. En este marco, la consejera Inés Rojas ha expuesto a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) las líneas maestras de esta modificación y ha confirmado que la empresa pública Visocan “no ejecuta ningún desahucio por motivos exclusivamente económicos”.

Con escasas novedades en relación a lo que ya adelantado, el documento objeto de discusión incide en el carácter social de la vivienda. Para garantizar este derecho constitucional, la futura normativa “ampliará las competencias”, ahora restringidas a las residencias protegidas. Esto supone que la vigilancia abarcará a las casas construidas en el mercado libre. Además, se obligará a las entidades jurídicas a registrar sus inmuebles vacíos y se aplicará una expropiación temporal en determinadas circunstancias de desalojo por impago.

Las medidas se encuadran en tres ámbitos de actuación. Para empezar, “se habilitan mecanismos de información para hacer un diagnóstico correcto de la situación real de las viviendas desocupadas. En segundo término, se invitará a las administraciones públicas a “favorecer el uso habitacional efectivo”.

En coherencia con lo anterior, “se creará un sistema de inspección y un procedimiento sancionador para penalizar la desocupación injustificada de viviendas en manos de personas jurídicas, una práctica generalmente vinculada a la especulación”.