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Sesenta mil canarios viven en zona de servidumbre pública de la costa

   

GRAFICA LEY DE COSTAS

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La nueva Ley de Costas ofrece fórmulas para regularizar núcleos de viviendas que estén en servidumbre de protección del dominio público, situación en la que se hallan 15.000 casas en Canarias, habitadas por 60.000 personas, según datos hechos públicos por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. El fenómeno no es ni mucho menos exclusivo de este Archipiélago, en toda la costa española hay 125.000 viviendas en servidumbre y medio millón de afectados.

La normativa, recién aprobada en las Cortes, será recurrida por el Gobierno de Canarias, que alega que invade competencias autonómicas, se aplica con retroactividad y es discriminatoria al salvar solo 12 núcleos, ninguno en el Archipiélago, además de tacharla de “salvajada del PP”, en palabras del jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.

Pero no lo cree así la senadora palmera del PP María Rosa de Haro, que ha participado en la “mejora” final del texto. “Se ha introducido una disposición transitoria que cubre un vacío de la ley de 1988, y viene a resolver la cuestión de la zona de servidumbre, una demanda histórica de Canarias”, afirma De Haro. En aplicación de este articulado, en los asentamientos poblacionales que cumplan determinadas condiciones la servidumbre quedará en 20 metros y no en 100.

A su juicio, esta opción “solo era posible en núcleos ya calificados como urbanos, que en Canarias son la minoría antes de 1988, pero a partir de ahora podrán acogerse a esta legalización los que, aún no estando clasificados como urbanos en tal fecha, reunieran los requisitos que prevé la nueva ley”. Por tanto, la senadora cree que esta reforma legislativa supone “una clara mejoría para Canarias”.

Esta disposición transitoria de la flamante ley distingue, para tal fin, entre municipios con y sin planeamiento. En ambos casos la servidumbre se acorta a 20 metros cuando los núcleos acrediten tener desde antes de 1988 acceso rodado y servicios de agua, alcantarillado y luz, así como al menos un tercio de su superficie edificado. Pero, incluso incumpliendo alguna de estas condiciones, podrán beneficiarse de esta medida cuando tengan al menos dos tercios de los terrenos edificados, en municipios con plan general; o si lo edificado ocupa la mitad de su superficie total, si no hay planeamiento.

La senadora aclara que la reducción de la servidumbre “no es automática”, sino que se fija un plazo general de dos años para solicitar este trámite. Sin embargo, “para facilitar una gestión más rápida de los casos que estén más avanzados, el apartado 3 de la disposición fija que los núcleos ya delimitados o clasificados como urbanos podrán presentar la solicitud en tres meses”.

IGUESTE DE SAN ANDRES SANTA CRUZ MPP

Vista general de Igueste de San Andrés y su playa, parte de la cual lleva varios años cerrada al público. / M. P.

“No es cierto que la ley sea retroactiva”

La senadora María Rosa de Haro asegura que la nueva Ley de Costas no obligará a revisar todos los núcleos ya clasificados como urbanos antes de 1988, sino que se agilizará la solución a los que, reuniendo esos requisitos y condiciones, aún no se les haya reducido la servidumbre. “Debe quedar claro que se trata de núcleos que ya tengan la delimitación o clasificación urbanística, pero que, hasta ahora, siguen teniendo servidumbre de protección de 100 metros, en lugar de 20”, explica De Haro, quien aclara que es en estos casos cuando se da un plazo de tres meses para solicitar el trámite al Ministerio de Medio Ambiente“con el objeto de agilizar la solución y en ningún caso para perjudicarles”.

La senadora del PP rechaza, por tanto, las críticas del consejero regional de Medio Ambiente sobre la retroactividad de la ley. “La disposición transitoria primera no es retroactiva porque regula una situación no regulada por la Ley de 1988”, replica De Haro, quien reseña, también en respuesta a Berriel, que “no se va a revisar ningún deslinde que haya fijado ya una servidumbre de 20 metros, ni se van a reabrir expedientes de núcleos urbanos” donde se ha aplicado ya esta medida.

A la representante palmera del PP le sorprenden las declaraciones de Berriel en el sentido de que esta disposición no beneficia a Canarias: “Esas afirmaciones van claramente en contra de realizadas por otros miembros de CC, que la valoraban como positiva para las Islas”.