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Solo Cajasiete firma un pacto con los alcaldes para evitar desahucios

   

PACTO CAJASIETE FECAM EVITAR DESAHUCIOS

El representante de Cajasiete y los directivos de la Fecam, firmando el acuerdo de colaboración. / JAVIER GANIVET

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los ayuntamientos canarios, a través de su federación, la Fecam, invitaron a las entidades financieras a firmar un protocolo de colaboración para evitar los efectos de los desahucios en familias humildes. Sólo una ha aceptado el guante lanzado: Cajasiete, que ayer firmó este convenio con el presidente de este organismo intermunicipal, Ramón Plasencia. “Tres bancos ni siquiera respondieron a la invitación, y el resto se ha reunido con nosotros, pero no han querido firmar, aunque no sabemos las razones”, manifestó el máximo representante de la Fecam, y alcalde de Alajeró, del PSOE.

Menos diplomático se mostró el presidente de la Comisión de Vivienda de la Fecam, el alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez (también socialista), quien amenazó a la banca con que los ayuntamientos van a erigirse en “unos activistas sociales más frente a sus abusos”.

Cajasiete, por boca de su director de Relaciones Institucionales y Comunicación, José Manuel Garrido, aclaró que los desahucios no representan un problema en esta entidad, porque nunca se expuso a los riesgos de la burbuja inmobiliaria, y, en caso de clientes que no pueden pagar su hipoteca, se agotan las vías de diálogo o se acepta la dación en pago. “Pero firmamos este convenio porque estamos obligados moralmente, ya que somos una cooperativa de crédito canaria, con 40.000 socios y el centro de decisión en Canarias; y tenemos una vocación humanitaria y una responsabilidad social”, expuso el directivo bancario, quien destacó que con el acuerdo firmado se crean servicios de intermediación “en los que los ayuntamientos son interlocutores válidos pues conocen a sus ciudadanos a través de los Servicios Sociales, y eso da mayores garantías”.

Con esta iniciativa, según Rodríguez, la Fecam pretende que no se prive a una familia de su único hogar “sin la intermediación de los Servicios Sociales”, y en la línea de Plasencia, apuntó que, si bien “gran parte” de las entidades financieras “han mostrado su disposición a este planteamiento realista y humano, a la hora de implicarse con compromisos más allá de las simples palabras, no han querido”. “Y no entendemos por qué no”, se lamentó el munícipe.

La Fecam anunció además que adoptará otras medidas, como jornadas de formación para que los trabajadores sociales municipales “puedan hacer frente a la maquinaria voraz de los bancos”, en las que participarán miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y jueces que han dictado sentencias a favor de estas personas. También advirtió de que los ayuntamientos podrán retirar sus depósitos de bancos que desahucien sin agotar otras vías.

A la espera del anteproyecto

El Consejo de Gobierno no aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley de Vivienda. Aunque no había fijado una fecha para ello, el Ejecutivo se marcó un plazo de dos semanas cuando sacó la correspondiente lista de evaluación de la iniciativa legislativa, hace ahora quince días. En rueda de prensa, el portavoz resaltó que los servicios jurídicos y los técnicos trabajan “a marchas forzadas” para cumplir con el trámite “cuanto antes”.

Martín Marrero desvinculó el retraso de las supuestas reticencias de la Comisión Europea al decreto ley de la Junta de Andalucía, ya convalidado por el Parlamento, y que ha inspirado al Gobierno canario. “No existe ningún fundamente para relacionar una cosa con la otra”, arguyó. “Todo sigue según lo dispuesto”, remachó. Una vez elaborado el anteproyecto, se abre el pertinente periodo de consultas y más tarde, ya como proyecto, se envía a la Cámara legislativa para su discusión y aprobación. Se espera que esté vigente a partir de septiembre.

La Comisión Europea ha requerido al Ministerio de Economía información sobre el decreto de la Función Social de la Vivienda, que establece la expropiación de pisos desahuciados. Se trata de averiguar si existen repercusiones que entren en contradicción con las condiciones del rescate de la banca.