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30.000 familias canarias esperan una VPO

   

VPO EL MOJÓN ARONA

Promoción de viviendas de protección oficial que se encuentran abandonadas en la zona de Llano del Rey, en el municipio de Arona. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La vivienda es uno de los derechos constitucionales más difíciles de ver cumplido. Miles de canarios de clase media-baja han tenido que comprarla en el mercado libre e hipotecarse de por vida y ahora muchos se las ven y se las desean para pagarla. Pero miles lograron también una vivienda de protección oficial (VPO). Y tuvieron suerte, porque 30.000 familias están aún en lista de espera en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, a fecha de 2 de junio, según el dato facilitado a este diario por la Consejería de Vivienda del Gobierno canario.

La demanda, según subraya el organismo que preside la nacionalista Inés Rojas, se ha incrementado en últimos años por la situación de crisis, y, de hecho, en noviembre esta cifra era de 26.527, es decir, casi 4.500 familias más se han incorporado a este listado, en el que es obligatorio inscribirse si se quiere comprar o alquilar una vivienda protegida, ya sea de promoción pública o privada.

Son muchos, pues, los que tocan a la puerta de la Administración Pública en busca de ayuda, pero el tiempo de espera se vuelve a veces insoportable. Aun así, el Gobierno canario destaca que el Archipiélago es la segunda comunidad española “que más viviendas protegidas ha construido directamente para las familias más necesitadas”. Así, en las Islas hay 45.000 casas sociales censadas, según el último informe publicado por la defensora del pueblo. El 80% de estas casas ya ha pasado a ser propiedad de las familias adjudicatarias por un precio que ronda los 11.000 euros, ya que optan a una subvención del 50% del precio total y se les descuentan las cantidades abonadas en alquiler.

Otras 16.500 familias residen en un piso en régimen de alquiler social, y la mayoría abona al mes entre dos y 90 euros de mensualidad, según el Gobierno.

En Canarias hay 45.000 casas sociales censadas

Pero las necesidades,que siempre han ido por delante de los planes públicos, se han agudizado con la actual crisis, que ha elevado el paro al 33% en las Islas. De ahí que el Gobierno canario tenga en preparación una nueva regulación para poner en el mercado el amplio parque de viviendas desocupadas en manos de entidades financieras e inmobiliarias. Con tal fin, se creará un registro de viviendas vacías, se darán incentivos fiscales o subvenciones y se impondrán sanciones para que sean alquiladas, “en coherencia con la función social que deben cumplir”, según explica la consejería.

Otro dato que destaca el departamento de Inés Rojas es que la empresa pública Visocan ha construido, desde la creación de este organismo, más de 25.000 viviendas protegidas. Pero la gestión sobre esta materia no convence al principal partido de la oposición, el PP, cuyo diputado, Felipe El Jaber, llega a a la conclusión de que “el área de Vivienda es uno de los fracasos más de Paulino Rivero e Inés Rojas en esta legislatura, si se analizan con frialdad los datos”. El parlamentario sustenta su afirmación en que “Visocan está en quiebra, y tiene 800 viviendas aún sin ocupar; el programa Hipoteca Joven ha supuesto un engaño del Gobierno canario a los jóvenes que suscribieron hipotecas que además no tenían condiciones excepcionales y encima no se les dio la ayuda prometida; y, por otra parte, en la Bolsa de Vivienda Joven hay más de mil viviendas de particulares que tampoco el Gobierno de Rivero ha logrado alquilar”. El Jaber considera además que, con sus escasas inversiones, la consejería “no está optimizando sus recursos” pues mantiene una estructura de gastos de personal y corrientes a su juicio excesiva. Además, el diputado popular critica que para justificar este “fracaso”, CC y PSOE echen la culpa a los recortes de Rajoy, “pues las políticas de Vivienda son competencia autonómica”, apostilló.

“Pedí casa hace 15 años y sigo sin respuesta”

Ana Belén González Díaz es una mujer de La Esperanza (municipios de El Rosario) que lleva la friolera de 15 años esperando por que le adjudiquen una vivienda de protección oficial. Se inscribió como demandante cuando alcanzó la mayoría de edad, a los 18 años, y hasta el día de la fecha dura su espera. Vive con su madre, ha trabajado siempre en los invernaderos de tomates del Sur, en los seis o siete meses que dura la zafra, y, con su sueldo, no se planteó nunca comprarse un piso en el mercado libre. “No podía arriesgarme a eso, pues hoy seguro que hubiera perdido la casa”, confiesa Ana Belén, quien en cierta forma ya ha perdido la ilusión por ser adjudicataria de una vivienda protegida. Cursó estudios primarios y es madre soltera. Su hijo tiene ahora 11 años. “Pronto él va a tener la edad en que yo pedí una casa y aún no me la han dado”, se lamenta esta rosariera, que observa con tristeza cómo en su municipio no se han construido viviendas sociales desde hace dos décadas.

“Jamás pensé que tendría que esperar tanto, porque en el Ayuntamiento me llegaron a decir al principio que en un par de añitos las harían, pero no ha sido así”. Ahora, sostiene que en las oficinas del Gobierno le dicen que pregunte en el Ayuntamiento, y en el Consistorio le envían a la consejería. Por eso ha llegado al punto de que ya no cree en las promesas de los políticos, pues con esperas tan largas los jóvenes no pueden hacer un proyecto de vida en estas circunstancias. A esta esperancera le gustaría que su hijo creciera en el hogar en propiedad que tanto anhela, pero de momento es un sueño, y los años pasan, implacables, sin verlo hecho realidad. Para ella, el derecho a una vivienda digna es solo papel mojado.