Los abogados de Manos Limpias han presentado más de 1.400 querellas

PACO PARDO (EFE) | Madrid

Miguel Bernad, un funcionario jubilado de 70 años, es el brazo que mueve Manos Limpias, el sindicato que ejerce la acusación en los casos judiciales más importantes. Después de casi 20 años presentando denuncias y querellas contra la corrupción, a diestro y siniestro, parece que ahora los jueces le dan más de una razón.

El ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la imputación de la infanta Cristina han puesto en evidencia que sus peticiones no caen ya del todo en saco roto, como ocurría antes, y que en algunos casos se están aceptando acusaciones que, hasta no hace mucho, casi nadie tenía en cuenta, y mucho menos los jueces. Desde su creación, en 1995, han presentado una media de 80 querellas al año, que sumarían unas 1.440 desde entonces, además de cientos de denuncias. Su primer éxito público se remonta a 2008, cuando el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa fue condenado por no disolver el grupo de electos de Batasuna (Sozialista Abertzaleak) después de su ilegalización.

¿Qué pretende Manos Limpias? “Pues, regenerar el país”, asegura Bernad, su secretario general, “porque es una verdadera porquería”. A su juicio, “ha habido una serie de gente sin escrúpulos del sector financiero, cuyos dirigentes tendrían que estar una gran parte en la cárcel, como otra gran parte de los empresarios y de los políticos”.

Lo único que quieren, dice, es “que esto funcione como un Estado de derecho y que una serie de espabilados y caraduras no estén abusando a costa del resto de los ciudadanos”.

En su pequeña sede de Madrid, cercana a la del PSOE, una bandera ondea en la fachada y al menos otras tres -también “constitucionales”, recalca Bernad- se reparten por la oficina, de mobiliario austero, donde destacan un retrato del rey y una pared con estantería metálica abarrotada con decenas de carpetas de sumarios en perfecto orden. “No somos un sindicato que se esté forrando. Pueden ver la única cuenta que hay abierta. Tenemos 5.800 militantes, a los que les cobramos una cuota de 60 euros al año y no tenemos subvenciones. Esto me está costando dinero y mucho sacrificio”. Los letrados son de bufetes afiliados que llevan gratis las causas.